Las organizaciones sociales abajo firmantes, ante la situación creada entre el gobierno y la gran empresa privada, en torno a la negociación del pacto fiscal, manifestamos a la opinión pública en general, lo siguiente:
1 - El gobierno presidido por Mauricio Funes encontró una situación económica precaria, tanto por la crisis mundial que afecta al país como por la política económica aplicada por los cuatro gobiernos de ARENA.
2 - Durante los 20 años de gobierno de ARENA se privatizaron muchas empresas públicas, se dolarizó la economía y se llevó a cabo una reforma tributaria a favor de los sectores de mayores ingresos: eliminación de los impuestos a las exportaciones de café, camarón y azúcar, supresión del impuesto al patrimonio, reducción del impuesto sobre la renta de las grandes empresas (de 35% a 25%), reducción de aranceles y eliminación de impuestos municipales, IVA, renta y aranceles a las inversiones en turismo de más de 50,000 dólares.
3 - Para compensar el recorte de impuestos a los grandes empresarios, los gobiernos de ARENA crearon el IVA y algunos impuestos selectivos que paga la población, como el de la gasolina y otros.
4 - El programa aplicado por ARENA redujo el peso del Estado en la economía, al quitarle empresas y fuentes de ingresos y al dejarlo sin política monetaria y cambiaria, debido a la dolarización. Además, ARENA dejó el gobierno con una elevada deuda y con un fuerte déficit.
5 - Para cambiar la política anterior, el actual gobierno elaboró un Plan Quinquenal orientado a elevar la inversión social y a reactivar el aparato productivo, a fin de combatir algunos de los problemas heredados de las gestiones anteriores, como la pobreza, la exclusión de las mayorías y el deterioro del agro. El plan contempla una inversión de 4,864 millones de dólares.
6 - Como la principal fuente de financiamiento del plan es el Presupuesto Nacional, el gobierno necesita elevar sus ingresos. Para tal fin se creó un espacio de concertación llamado Consejo Económico Social (CES), donde participan el gobierno y representantes de la empresa privada y de organizaciones sociales. Pero tras meses de discusiones, la empresa privada acaba de abandonar el CES y acusa al gobierno de querer aplicar medidas que los empresarios rechazan, sobre todo el impuesto al patrimonio y el control de la evasión de impuestos.
7 - Es importante que la población sepa que de cada 100 dólares que el gobierno recauda de los impuestos, el pueblo aporta 83 dólares mediante el pago del IVA, los aranceles, algunos impuestos selectivos y la renta salarial. En cambio, los grandes empresarios, que son poquitos y captan alrededor del 60% del ingreso nacional bajo la forma de ganancia, solo contribuyen con el 17% de los ingresos del gobierno. Además, según el BID y Banco Mundial, los grandes empresarios evaden el 47.7% de la renta y el 38% del IVA que le cobran a la población y que no le entregan al gobierno.1
8 - Ese sistema impositivo debe ser modificado para que el gobierno eleve sus recursos y detenga su endeudamiento. Lo justo es que el gobierno grave con más impuestos a quienes más ingresos reciben.
En tal sentido, las organizaciones abajo firmantes hacemos pública la propuesta que hace cuatro meses le hicimos al gobierno:
Para elevar los ingresos públicos:
a) Aumentar el impuesto sobre las ganancias de las grandes empresas en una escala progresiva de 25%, 30%, 35% y 40%. A mayor ganancia más impuestos.
b) Cobrarle un impuesto de 0.5% a las empresas con activos superiores a los 100 millones de dólares.
c) Controlar la evasión del IVA, la renta empresarial y otros impuestos.
Para favorecer a la población de menos ingresos:
a) Suprimirle el pago de renta a las miles de pequeñas y medianas empresas que ganan menos de 100,000 dólares al año.
b) Elevar hasta 500 dólares al mes el monto salarial exento del pago de renta.
9 - La justicia tributaria consiste en que pague más impuestos quien más ingresos tiene. Por lo tanto, los grandes empresarios, que obtienen ganancias de cientos de millones de dólares al año, deben aportar la mayor parte de los ingresos que recibe el gobierno.
1. “El Salvador: Evaluación del Gasto Público” 20- 22 de septiembre, 2010
San Salvador, 18 de febrero de 2011
Alianza para el Desarrollo de la Microempresa, ALPIMED
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM
Asociación PRO-BUSQUEDA de Niñas y Niños Desaparecidos
Centro para la Defensa del Consumidor, CDC,
Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, CPDH
Concertación Monseñor Romero
Concertación Popular por el Cambio
Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social
Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador, CEIPES,
Frente Social por un Nuevo País
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD
Fundación de la Comunicación para el Desarrollo, COMUNICANDONOS
Fundación Hermano Mercedes Ruiz, FUNDAHMER,
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico,FUNSALPRODESE
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, REDES
Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, CEMUJER,
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU
Mesa Permanente por la Justicia Laboral, MPJL
Movimiento de Profesionales y Técnicos “Patria Exacta”
Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas,
Campesina y Urbanas de El Salvador, MOVITIERRA
Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM
Movimiento Unificado Francisco Sánchez-1932, MUFRAS-32
Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES
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