Taller I: Masculinidad y violencia a hombres en Santa Clara, San Vicente

Mayo 21
Santa Clara
San Vicente
El Salvador


Segundo taller sobre masculinidad y prevencion de la violencia a hombres de Santa Clara, San Vicente, ahora abordamos los tipos de violencia, formas y niveles, haciendoles la propuesta de erradicarla y trabajar con el resto de poblacion, ya que los participantes son lideres de la zona.


La violencia ha sido naturalizada en los diferentes procesos de socializacion: en la familia nos dicen, no te dejes de nadie, si te pegan devolveselos, dale duro, etc.; en la escuela mucha violencia, los juegos, el reto "escupa aqui" si no, no sos hombre, deportes, etc. en los medios de comunicacion y la religion, donde la historia esta llena de luchas he invasiones, asesinatos, traisiones, etc. eso hace que la violencia se vea natural, parte del ser humano, desnaturalizarlo, decodificarlo es la tarea nuestra, que asuman retos y compromisos para modificar sus pensamientos y conductas es la apuesta, y cada dia mas y mas hombres se suman a este movimiento, con mucha voluntad y conciencia.



Deconstruir en hombres es necesario y urgente... por eso no descansamos, por eso no nos detenemos...
















El acuerdo era de darme transporte, pero no se pudo, tome a mi hija y nos fuimos en el transporte colectivo, el publico, a aventurarnos, por que nunca habiamos viajado asi a esta zona, en bus y camion nos fuimos. 

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EL SALVADOR: Invertir en la adolescencia, un reto para el país

09/07/2011

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), instó a las autoridades del Estado y Sociedad civil a trabajar juntos para el mejoramiento de la situación de la adolescencia, que existen medios para mejorar su educación y capacitación y superar la pobreza y la violencia.





De esta manera hacer aportaciones valiosas a las economía del país y de igual forma, fomento de leyes y programas que protejan los derechos de las adolescentes.


La población de El Salvador es mayoritariamente joven. El 40% de total son menores de 18 años de edad (2.4 millones), el 57,7% residen en el área urbana y un 42.3% en el área rural, según datos de UNICEF.


El país se encuentra entre el 20% de países con mayor desigualdad en el mundo, situación que afecta el acceso a oportunidades para su desarrollo a bienes y servicios, aun elevado porcentaje de la población.


“La niñez y la adolescencia por mucho tiempo fue invisibilizada”, expuso el Vicepresidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), y explicó algunos de los proyectos en desarrollo en nuestro país para el mejoramiento de los niños, niñas y adolescentes.


Entre ellos se encuentra la Aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la cual reconocen la importancia de los derechos de este importante sector, y CONNA, que crearán el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Asimismo, en el aspecto de educación se está implementando el enfoque en valores, capacitación para el personal docente, como la creación de la Escuela Superior de Maestros y de esta manera garantizar la formación en derechos y valores. También anunció que en el último encuentro de vicepresidentes establecieron usar el 5% de presupuesto en educación, seguridad y salud, pues sólo de esta manera se acelera la lucha contra la pobreza y la discriminación.
Esto en el marco de la presentación, por parte de UNICEF, del documento “Estado Mundial de la infancia 2011: La adolescencia – una época de oportunidades”, a las autoridades del Gobierno de El Salvador.

El documento expone sobre la situación actual de los derechos en los niños, y hace en la situación de los mismos y los retos y desafíos mundiales que enfrentan tanto actualmente como futuros, como las inestabilidad económica, cambio climático y degradación ambiental.

http://www.diariocolatino.com

AMERICA LATINA: La trata de personas y el turismo sexual

En un verdaderamente terrorífico informe producido por nuestro colega Maximiliano Sbarbi Osuna, en el sitio web Observador Global.com, se destaca que el reciente documento “Trata de Personas 2011”, presentado por Washington, muestra un panorama recortado de la esclavitud y la explotación de personas en América Latina. Aunque ONG independientes afirmen que en Latinoamérica hay 5 millones de personas obligadas a prostituirse y a realizar trabajos forzosos, el documento omite la responsabilidad de Estados Unidos de controlar a las redes que operan en su frontera con México y de desbaratar a los promotores del turismo sexual.



La trata de personas y el turismo sexual en nuestra Latinoamérica

Los aberrantes casos de ventas ilegales de bebés recién nacidos o a punto de nacer, que registran a la ciudad y los alrededores de Añatuya como un enclave predilecto para estos lacerantes delitos, encuentran su correlato en la sorpresiva desaparición de adolescentes o púberes que los grandes cárteles de la prostitución se llevan año a año dependidos pueblos del interior de Santiago del Estero para incorporarlas a sus lenocinios de la grandes ciudades, donde no sólo alcanzan la condición de verdaderas esclavas sexuales, sino que reciben una paga miserable con la que apenas pueden comer y vestirse, además de perder para siempre la identidad porque hasta los nombres le son cambiados por sus captores.


Cuando uno lee estas repetidas denuncias en los diarios cree que vivimos en un terrorífico Macondo, sin advertir que éste es apenas un caso emblemático en el interior de una de las provincias mediterráneas del país, sostenido por la complicidad de jueces indolentes y corruptos, médicos y policías, y no advierte que el fenómeno abarca a muchas ciudades y países de América Latina, como una peste siniestra muy difícil de erradicar.


En un verdaderamente terrorífico informe producido por nuestro colega Maximiliano Sbarbi Osuna, en el sitio web Observador Global.com, se destaca que el reciente documento “Trata de Personas 2011”, presentado por Washington, muestra un panorama recortado de la esclavitud y la explotación de personas en América Latina. Aunque ONG independientes afirmen que en Latinoamérica hay 5 millones de personas obligadas a prostituirse y a realizar trabajos forzosos, el documento omite la responsabilidad de Estados Unidos de controlar a las redes que operan en su frontera con México y de desbaratar a los promotores del turismo sexual.

Anualmente unas 250.000 personas se convierten en nuevas víctimas de explotación en América Latina y el Caribe. Según la agencia de noticias AP, varias cancillerías latinoamericanas expresaron su repudio a la parcialidad de la investigación “Trata de Personas 2011”, presentado días atrás por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dado que permite entrever los fines políticos que hay detrás del documento. Más allá de la gravedad de las cifras y del poder de las redes de trata en todo el continente, el informe omite presentar una parte importante del problema: el ingreso ilegal de niños, mujeres y hombres a Estados Unidos en donde son forzados a ejercer la prostitución y son sometidos a trabajos forzosos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de México, anualmente unas 250.000 personas se convierten en nuevas víctimas de explotación en América Latina y el Caribe, con una ganancia estimada de 1.350 millones de dólares para las bandas. Por su parte, cifras aportadas por la ONG Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe indican que más de cinco millones de personas han sido atrapadas por redes criminales y otras 10 millones se encuentran en peligro. El informe presentado por el Departamento de Estado aporta cifras similares y focaliza el origen del problema en la corrupción de jueces y funcionarios, complicidad policial, fronteras porosas y la relación de este delito con los cárteles de la droga.

Además, señala como las principales víctimas a las clases pobres, que son más vulnerables frente a la explotación sexual y a los trabajos inhumanos, aunque las mujeres y adolescentes de clase media también suelen caer en engaños, como propuestas laborales tentadoras, en las que se deben desplazar de su ciudad, para luego caer en las redes de tráfico. Asimismo, crítica la baja cantidad de condenados por delitos relacionados con la trata de personas en la región y destaca que la atención a las víctimas recuperadas continúa siendo deficiente.

De acuerdo con ese fatídico informe, en México unas 20.000 personas son víctimas de la explotación anualmente, pero sólo tres responsables han sido condenados en el Distrito Federal el año pasado. En el estado de Tamaulipas, varias personas son llevadas desde el resto del país para explotarlas sexualmente allí, pero la mayoría cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Según estadísticas oficiales, sólo el 64% de las víctimas de la trata son mexicanos en Tamaulipas; el resto son centroamericanos. En tanto, las autoridades identificaron por lo menos 47 bandas dedicadas a esta actividad criminal y que además combinan el tráfico de personas con la venta de drogas.

El cuestionado informe oficial presenta graves omisiones. Si bien el análisis que proporciona la investigación refleja una dura realidad difícil de combatir, por lo enquistadas que están las bandas dentro de los gobiernos latinoamericanos, no deja de ser peligrosamente tendencioso.

Establece tres niveles de países. En el primero, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá y Colombia, se ubican las naciones que cumplen con los estándares mínimos de seguridad ante el secuestro y el tráfico de personas. En la segunda categoría se encuentran la mayor parte de los países latinoamericanos, que no cumplen con los requisitos mínimos para combatir la trata, pero que han realizado progresos en este sentido. Este es el caso de Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

El año pasado, Argentina, se encontraba en la segunda categoría, pero con reservas. En este informe, continúa en el mismo escalafón, pero destacada como que ha redoblado los esfuerzos.

Un solo ejemplo basta para ratificar la gravedad y universalidad del problema: una investigación estadística realizada hace dos semanas por el sitio web salteño Iruya.com informa que en cuatro prostíbulos allanados en la ciudad norteña de Orán se hallaron 35 jóvenes santiagueñas ejerciendo el comercio sexual ilegal. La mayoría provenía de poblaciones del interior cercanas a Frías y a Bandera. Unas pocas fueron capturadas mediante engaños y llevadas directamente a esa ciudad, en tanto que otras recibieron previamente un prolongado entrenamiento en el oficio de parte de sus “bienhechores” en casas de citas de la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El portal digital descubrió la conexión entre la prostitución de adolescentes y la ominosa trata de personas mayores, porque muchas de esas jovencitas refirieron que fueron tentadas para que sus familiares mayores, algunos ya ancianos, se incorporaran a trabajar en los talleres-cárceles clandestinos de hilandería y costurería que maneja la mafia china en los suburbios de Buenos Aires, ante la total pasividad policial y judicial.

En el tercer nivel se encuentran de manera notoria países cuyos gobiernos tienen muy malas relaciones con Washington, como por ejemplo Cuba, Venezuela e Irán. No es que allí no se combata la trata, sino que varios países como Colombia o el mismo Estados Unidos no deberían estar situados en la primera categoría. En Colombia, el reclutamiento forzoso de niños de familias pobres por guerrillas de izquierda y paramilitares supera en número a los de cualquier país del continente. Por su parte, Estados Unidos, se exime a sí mismo de la condena, pero el amplio mercado de consumidores norteamericanos, de mujeres y niños para la explotación raptados o captados con engaños, se cuentan por miles.

La diputada mexicana Rossy Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas del Congreso Federal, afirmó que en los últimos años a través de Tamaulipas han pasado entre 100.000 y 300.000 niños para ser explotados sexualmente en Estados Unidos. Las conclusiones de la funcionaria, que se basó en investigaciones del Congreso de México, apuntó contra el turismo sexual que ejercen norteamericanos, europeos y los mismos mexicanos en ciudades turísticas como Acapulco y Cancún, y en las fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Por otro lado, hay varios casos de robos de niños en Haití, luego del terremoto de enero de 2010. Por ejemplo, un grupo de diez estadounidenses fue detenido al cruzar la frontera de la República Dominicana con 33 menores haitianos secuestrados.

En conclusión, el informe juzga las deficiencias inocultables de este gravísimo delito en América Latina y ofrece posibles soluciones, pero al mismo tiempo evita referirse a la responsabilidad que le toca a Estados Unidos, que debería redoblar los controles para evitar el tráfico de niños y mujeres para prostituirse en su territorio y de hombres que trabajen como esclavos. Además, debería perseguir más a las redes que operan en Estados Unidos y combatir a los que ofrezcan turismo sexual en el territorio norteamericano y que ofrezcan viajes para ese fin a otros países, como por ejemplo México, Brasil y Sudamérica.

Despertano con la PachaMama, la madre tierra... nuestra Nantli en Radio Raices Radicales

Todos los dias a partir de las 5 am, hora de El Salvador, en Radio Raices Radicales, un espacio alternativo virtual donde hay plena libertades, transmitimos nuestro programa "Despertando con la PachaMama" nuestra Nantli, donde programamos musica que nos conecta con nuestros ancestros, con el universo, con las energias, con los Dioses y las Diosas... sin violencia, no se lo pierdan en http://daemon.homelinux.com/raicesradicales/?page_id=2 




Ley antipandillas no frena violencia de maras: el promedio de homicidios se mantiene en 12 diarias y las extorciones altas

Desde el principio lo sabiamos.. propusimos formas alternativas para dale salida integral al tema de pandilla.. pero como siempre las consecuencias la pagamos los empobrecidos este gobierno no toma en cuenta nada de lo que digamos...
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El Diario de Hoy Domingo,
10 de Julio de 2011

A un año de aprobada, las esperanzas de los ciudadanos sobre la efectividad que podía tener la ley antipandillas para contrarrestar a estos grupos criminales parecen haberse esfumado.

Después que un grupo de mareros incendiara un microbús de la Ruta 47 con más de 30 personas en su interior en Mejicanos, el 20 de junio de 2010, las autoridades de Seguridad Pública propusieron una ley antipandillas como la principal apuesta para frenar a esos grupos que se dedican al asesinato, extorsiones, secuestros y narcotráfico.
Ha pasado un año desde aquella trágica noche y la violencia generada por las pandillas sigue imparable con más de una veintena de masacres sólo durante este año y el aumento del hallazgo de cuerpos desmembrados a las orillas de las carreteras.

Tampoco la aplicación del artículo 345, reformado, que penaliza la pertenencia a las pandillas, ha arrojado los resultados esperados porque los índices de la violencia se han mantenido en niveles altos en los últimos dos años superando la fatídica cifra de los 4 mil asesinatos.

Según autoridades militares, las maras son causantes de un 80% de los homicidios en el país.

El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, uno de los autores de la ley, sostuvo que 119 sujetos han sido acusados ante los tribunales de justicia de pertenecer a las pandillas. Agregó que 98 siguen detenidos y están a la espera de juicio.

"Eso quiere decir la efectividad de la aplicación de la ley, porque los casos van bien investigados, fortalecidos y que la Fiscalía junto a la Policía han desarrollado una labor positiva", expresó Campos.
El funcionario aseguró que la referida normativa por sí sola no va a frenar el auge de las pandillas sino que se debe de impulsar una estrategia integral que incluya medidas preventivas de rehabilitación y de reinserción.

"La reducción de los hechos de las pandillas depende de muchos factores como la acción en el terreno, de la efectividad de las aciones de prevención, de la reinserción que se pueda lograr, del apoyo que se le dé a las víctimas", explicó Campos.

Sin embargo, el promedio de homicidios sigue siendo de 12 por día y las extorsiones que generalmente cometen las pandillas no cesan aunque las autoridades de Seguridad Pública argumenten que han disminuido en un 30 por ciento, sin dar números exactos.

Fuentes policiales explicaron que lo más seguro es que la cifra negra de las extorsiones haya aumentado a raíz de que un buen número de personas, quienes son extorsionadas, prefieren no denunciar por temor a represalias y por la falta de confianza en las autoridades de seguridad.

Con el desplazamiento de las pandillas ante la presión que ejerce la Fuerza Armada en los lugares que anteriormente eran asediados por esos grupos criminales, la violencia rebrotó en otros municipios que hasta el año pasado eran considerados relativamente tranquilos.

Poblaciones como Cuscatancingo, Izalco, Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Panchimalco, Guazapa y Acajutla ahora aparecen en el "ranking" de los 20 municipios más peligrosos del país a raíz de la llegada de pandilleros.

Justifican ley

Otro de los funcionarios de Seguridad que también argumentan que sólo la ley antipandillas no va lograr frenar el avance de las pandillas es el subdirector de Investigaciones de la Policía, Howard Cotto.

El funcionario sostiene que "ninguna ley por sí sola resuelve el problema de la delincuencia y la violencia, la ley de proscripción es un instrumento más, y consideramos que no es nada despreciable que hasta esta fecha haya casi 300 pandilleros detenidos y procesados por esa ley", subrayó Cotto.
También el Fiscal General, Romeo Barahona, justificó que los casos que se han investigado han llevado su tiempo porque se trata de recabar la mayor cantidad de evidencias para demostrarle a los jueces que una persona pertenece a una pandilla.

"No sólo se trata de la aplicación de una ley sino que se involucran una serie de estrategias como la prevención, la movilización de estructuras que se han mutado del territorio donde antes delinquían hacia otros lugares y es ahí es donde tenemos que orientar nuestras estrategias de investigación y de persecución del delito", indicó Barahona.

Contrario a lo que sucedió con la primera ley antimaras en el 2003, con esta nueva norma los jueces han admitido las evidencias que la Fiscalía les ha presentado y enviados a prisión a los acusados.