Institucionalidad y Contraloria Ciudadana frente a la impunidad.


 

“El nuevo Fiscal General debe ser nombrado sobre la base de
su integridad, independencia, competencia y capacidad,
 mediante un proceso abierto y transparente”
Gabriela Knaul, Relatora Especial de ONU
para la Independencia Judicial


En un escenario de desobediencia judicial, conveniencias y arreglos entre altos círculos del poder, bajo procedimientos al margen de lo Constitucional, el Fiscal General de la República fue electo por unanimidad, con 84 votos, por diputadas y diputados, siguiendo los lineamientos de las cúpulas partidarias que una vez más irrespetaron la Constitución, las Sentencias de la Sala de lo Constitucional burlando al Soberano que los eligió. 

A pesar del manejo trivializado que de esto hacen quienes son responsables del debilitamiento de la institucionalidad, es importante, necesario e impostergable que expresiones de la sociedad nos pronunciemos develando el engaño y dejando al descubierto lo que ha sido ocultado y presentado con maquillaje.

La Sentencia 29 – 2012 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “declaró Inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n° 1075, de 25 de abril de 2012, por medio del cual la legislatura 2009-2012 eligió, por segunda ocasión, al Fiscal General de la República”. Asimismo declaró que “la actual legislatura 2012-2015, deberá proceder a elegir a dicho funcionario, quien habrá de estar electo antes del vencimiento del período del Fiscal que fue electo en 2009; ello a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Fiscalía General de la República”.  

La actual legislatura 2012 – 2015 no cumplió de forma íntegra con su mandato constitucional en la realización de todas sus competencias relacionadas con la elección de funcionarios de segundo grado: no hizo “del conocimiento público el inicio del proceso de elección de funcionarios, con el propósito de recibir las propuestas de los candidatos”, Art. 98 RIAL (Reglamento Interior de Asamblea Legislativa), asumió continuidad de los actos realizados por la legislatura anterior, no cumplió con el principio de Publicidad que es “el medio a través del cual la discusión social adquiere una dimensión política y la discusión parlamentaria toma una proyección social”; hizo caso omiso de la Constitución y de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, retomó el listado de la legislatura pasada hasta llegar a tres candidatos, en un procedimiento sin transparencia, a puerta cerrada, sin fundamentar criterios y razones, mantuvo acéfala la Fiscalía, envició y entrampó el proceso de elección y, de pronto, en la oscuridad de “acuerdos”, más allá de legislativos, se nombra de manera unánime al Fiscal General de la República, sin mayores explicaciones ni argumentos. 

Las preguntas asaltan: ¿Qué tipo de acuerdo hubo? ¿Entre quiénes? ¿Qué intereses se pusieron sobre la mesa? ¿Volvió el Ejecutivo a intervenir, ahora veladamente? ¿Por qué el cambio de decisión tan repentino? El marco normativo  mandata  documentarse antes de proceder a una decisión, ¿lo habían hecho? ¿Qué impedía tomar una decisión? ¿Los requisitos? ¿La idoneidad? ¿La conveniencia? ¿Se trata de arreglos y acuerdos, entre qué tipo de intereses? 

El Fiscal General recién electo, debe estar consciente que “la manera de designar a la persona que fungirá como Fiscal General de la República también incide en la autonomía funcional de éste” (Sentencia 29-2012), y que bajo el procedimiento que llegó a la titularidad de una de las instituciones claves de la Institucionalidad democrática y constitucional de nuestro país, su independencia y autonomía se ven seriamente comprometidas.  

Ante este panorama y conscientes del mandato constitucional de la Fiscalía General de la República en la defensa de los intereses del Estado y la Sociedad, las instituciones de Derechos Humanos que suscribimos este pronunciamiento y que nos hemos unido para profundizar la incidencia y contraloría ciudadana contra la violencia de género, frente a la Impunidad, en el fortalecimiento de la Institucionalidad y el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, DEMANDAMOS: 

·         Independencia y Autonomía Institucional

·         Transparencia y lucha frontal contra la Corrupción y la Impunidad

·         Actuación con la Debida Diligencia para el Acceso a una pronta y cumplida Justicia para las víctimas, independientemente de quiénes sean los imputados

·         Operatividad efectiva y eficiente

·         Investigación científica del delito

·         Creación de una Unidad Especializada Interinstitucional de Investigación de los Femicidios/Feminicidios (FGR-PNC-IML)

·         Fortalecimiento de la Escuela de Capacitación Fiscal  

El Fiscal General de la República, tiene ante sí el desafío de demostrar con hechos que asume su cargo de manera autónoma e independiente: 

·         ¿Procesará a los femicidas, tratantes y explotadores sexuales?

·         ¿Procesará a los abogados y abogadas que se tomaron la Corte Suprema de Justicia, prevaricaron y se constituyeron en magistrados de Facto?

·         ¿Procesará mediante solicitud de Antejuicio a los Diputados denunciados que cometieron delito de Desobediencia? 

Todas estas demandas no hacen sino enfatizar en las obligaciones constitucionales de todo fiscal, y lo hacemos sabiendo de que solo será posible si el Sr. Fiscal renuncia a trabajar al servicio de los partidos políticos que lo eligieron, y por eso le demandamos esta independencia. 

Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento están dirigidas por mujeres y hombres que hemos acordado luchar juntos y juntas en contra de la violencia hacia las mujeres y estamos fortaleciendo este espacio de concertación con el propósito de ejercer contraloría ciudadana sobre el Estado salvadoreño y todas sus instituciones responsables de garantizar una vida sin violencia para mujeres y hombres y para toda la sociedad.

Por eso nos pronunciamos hoy sobre el nuevo fiscal y por eso nos mantendremos atentos y atentas a su desempeño y respeto irrestricto a la ley.


San Salvador, 14 de Diciembre de 2012

 

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER

Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD

Centro Bartolomé de Las Casas

Hombres contra la Violencia

Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM – El Salvador
 
No mas impunidad... Sumate al esfuerzo!!!

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