¿Fue real la amenaza que paralizó el país hace dos semanas o fue un rumor que se exageró? ¿Realmente las pandillas paralizaron al país o fueron los buseros quienes se aprovecharon de la situación? ¿El gabinete de Seguridad ocultó información para prevenir el pánico o desconocía qué estaba pasando?
Daniel Valencia Caravantes*
elfaro.net / Publicado el 26 de Septiembre de 2010
A las 6:45 de la mañana del lunes 6 de septiembre, el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, en la entrevista Frente a Frente con Jorge Hernández, celebró el éxito de la policía y de la fiscalía en la investigación de los barriles rellenos con millones de dólares encontrados en Zacatecoluca y La Libertad, el fin de semana anterior. Melgar, que en teoría estaba en alerta junto a sus compañeros del gabienete de Seguridad, no dijo ni una sola palabra sobre cualquier tipo de sospechas. El Salvador se despidió de la primera semana de septiembre con el descubrimiento de los narcobarriles y despertaría en la segunda hablando de lo mismo. Todo, sin embargo, cambiaría entre la noche del lunes 6 y la mañana del martes 7.
Ese martes, a la misma hora en la que el ministro daba la entrevista a TCS, pero muy lejos del set de televisión en el que entrevistador y ministro conversaron, centenares de personas marchaban con prisa sobre el bulevar del Ejército. Muchos se trepaban a las parrillas de pick ups que se tambaleaban de un lado al otro por tanta carga; otros, esquivaban con gracia de torero a los automóviles que detrás de ellos bajaban en cámara lenta debido al congestionamiento en la principal ruta de conexión entre San Salvador y Soyapango. Había muy pocos buses. Apenas un 40% de unidades salió a trabajar esa madrugada. Algo pasaba en San Salvador pero nadie sabía exactamente qué. El gabiente de Seguridad, en cambio, confirmaba ese día sus sospechas.
En teoría, según las declaraciones del presidente Mauricio Funes a los medios de comunicación; del ministro de Justicia David Munguía Payés; y del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, el gobierno esperaba una demostración de fuerza de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha a raíz de la aprobación de la nueva ley antipandillas en la Asamblea Legislativa. El gabinete de Seguridad del Ejecutivo tenía esa información -desde una semana antes- pero decidió no decir nada. No se iban a dejar intimidar por rumores y no querían inducir pánico en la población. Abonaba a esto el hecho de que el país amaneciera sin presidente. Funes estaba fuera del país. Lo que no sabía nadie en el gabinete es que las pandillas darían muestra de su poder actual, provocando verdaderas amenazas al sector del transporte y del comercio informal. Las pandillas, en la primera semana de septiembre, pusieron en jaque al gobierno, que solo esperaba motines en algunas cárceles del país.
El martes 7, a las 10 de la mañana, Catalino Miranda, dirigente de la gremial de autobuses FECOATRANS (que controla un 35% de las rutas del país ) denunció en una conferencia de prensa las amenazas que había recibido el sector de parte de las pandillas 18 y Mara Salvatrucha. La amenaza, dijo, ordenaba que se guardaran las unidades so pena de quemas de unidades y muerte de conductores y cobradores. En síntesis, las pandillas obligaban a un paro técnico del transporte. Ese paro obligaría a que en horas de la tarde, el comercio del sector formal cerrara temprano sus puertas, dejando una ciudad fantasma entre las 5 y las 8 de la noche. Provocaría, también, que en los dos días subsiguientes fueran suspendidas las clases, siempre por la falta del transporte.
Catalino Miranda, dos horas después de anunciar que los transportistas habían parado, fue convocado a una reunión en el ministerio de Seguridad, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II. Ahí llegó junto al resto de representantes que dirimen conflictos con el gobierno en la mesa nacional de transporte. Sus interlocutores eran el ministro Melgar y la cúpula de la Policía Nacional Civil.
—Lo que nos dijeron es que las amenazas eran rumores, pero que nos garantizaban seguridad presencial en puntos de rutas y paradas.
—Si era un rumor, ¿para que ofrecer seguridad?
—Porque el estado es su obligación ponerse en alerta. Las amenazas estaban latentes. Lo sabían los servicios de inteligencia militar y policial.
Miranda tiene razón. Los empresarios del transporte habían recibido las amenazas un día antes, el lunes 6, en el transcurso de la tarde. A unos, dice, los visitaron directamente unos supuestos pandilleros armados. A otros les hablaron por teléfono. La quema de un microbús en la noche de ese lunes alborotaría más el panal y provocaría que muchos, sobre todo en Soyapango, Ilopango, San Martín y la zona oriental del país guardaran sus autobuses. La policía conoció esos hechos, actuó e hizo algunas capturas. Según el director de la institución, Carlos Ascencio, si no hubiera existido paro el país hubiera estado en la normalidad. Una normalidad que no se inmuta por la quema de un microbús y la posible relación de esto con las amenazas para provocar el paro del siguiente día. El gabinete de seguridad que esperaba cualquier cosa, no esperaba el paro a consecuencia de las amenazas.
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En el mar de informaciones contradictorias que surgieron durante los tres días de miedo que alarmaron al país, el gabinete de seguridad y el propio presidente Mauricio Funes terminaron confesando, el jueves 9, que desde hacía una semana tenían conocimiento de una posible acción de las pandillas en protesta por la recién aprobada ley de proscripción de pandillas. Lo que no tenían claro, con certeza, era el cuándo y el qué.
Al menos, los aparatos de inteligencia de la Policía y del Ejército apuntaban en una sola dirección: protesta en cárceles para el primer fin de semana de septiembre. Esa información, revelaron fuentes de inteligencia militar a El Faro, habría sido confirmada el viernes 3. Algo ocurrió, sin embargo, y las protestas en algunas cárceles ocurrieron hasta el martes 7.
"Nosotros teníamos información general, pero no información específica de lo que iba a suceder" confirma el ministro de Defensa, David Munguía Payés. Sabíamos que iba a haber una reacción por la aprobación de la ley antipandillas y que tendría una manifestación, de al guna manera, al interior de centros penales.
A la Policía, la información de una reacción de las pandillas por la aprobación de la ley había llegado, según el director Carlos Ascencio, desde hacía más de una semana. Ascencio, sin embargo, dice que no había nada tangible sobre lo que podría ocurrir. Que había más una campaña de rumor o una “dosis de rumor muy alta”.
Pero si la Policía y el Ejército concordaban en un punto (las pandillas harán algo en panales) no concordaron en otro cuando ese “algo” se salió de las cárceles. Y ese otro punto era el “qué vamos a decir”. Ascencio y algunos comisionados e inspectores que fueron abordados por la prensa en el transcurso del martes 7, repetían el mismo discurso del ministro de Seguridad Melgar y del presidente en funciones, Salvador Sánchez Cerén. Ese discurso decía que en el país no pasaba nada y que los salvadoreños no teníamos que caer presas del pánico por simples rumores. La quema del microbús de la 29 F ocurrido la noche anterior y la protesta en el penal de Zacatecoluca seguían manteniéndose como hechos aislados que tuvieron su propia reacción institucional.
"Claro que hubo respuestas, acciones que habrían frenado actos de rebeldía en Zacatecoluca y Barrios. La policía actuó ahí. Pero también dijimos: no hay que darle aval a los rumores porque es una irresponsabilidad darle esa sensación de zozobra a la población", dice Ascencio.
Pero en la noche del martes, pasadas las nueve, luego de que el sacerdote Antonio Rodríguez leyera un comunicado presuntamente firmado por ambas pandillas, en donde se hacían cargo del paro para llamar la atención del gobierno (exigiendo un diálogo para la reinserción y la abolición de la ley antipandillas), el Ministro de Defensa David Munguía Payés apareció, en vivo, en el noticiero 4 Visión, dando crédito a las amenazas y diciendo que el Estado estaba listo para hacerle frente a las pandillas. Aquello parecía una declaración de guerra de un general sin comandante, porque el gobierno insistía en que todo era rumores.
—Ministro, ¿por qué usted manejó un discurso distinto al del ministro de Defensa el día martes? Usted dio por hecho lo que él decía que no era cierto. ¿Por qué había dos versiones sobre un mismo fenómeno?
—No había dos versiones.
—El ministro Melgar decía que no pasaba nada, y usted más tarde dijo que sí y que por eso, para el siguiente día, saldrían dos mil soldados más a las calles.
— Sí… No voy a especular en eso. Sabíamos que algo iba a ocurrir e incluso esperábamos protestas en las calles que no se dieron.
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De la información recogida por la inteligencia policial y militar, el director de Centros Penales, Douglas Moreno, nunca estuvo al tanto. Él dice que se enteró de los amotinamientos y de los planes en varios centros penales el propio martes, y que a partir de ahí entró en coordinación con la policía y el ejército para frenar los hechos. "Ellos manifestaron que ya no se iban a encerrar, que iban a tener una revuelta pacífica. Pero el día miércoles nos enteramos de que iban a escalar a otro nivel, a ser violentos y a propiciar planes de fuga. Ante esta situación, Centros Penales mejor decidió enfrentar, porque estábamos en otro contexto, por lo que estaba pasando en el país. Por eso decidimos intervenir Zacatecoluca (martes), al siguiente día intervenimos Ciudad Barrios, y después intervenimos Chalatenango y Cojutepeque", dice Moreno.
¿Por qué no estaba en sintonía el gabinete de Seguridad en un fenómeno que los arrinconaba dentro y fuera de las cárceles, una de las principales apuestas de este gobierno para frenar la delincuencia en el país? A finales de 2009, ante el repunte de los índices de homicidios, el presidente Mauricio Funes y su gabinete de Seguridad le apostaron a dos cosas: sacar el ejército a las calles y acordonar los centros penales con militares. Luego, Centros Penales anunció registros minuciosos a visitas –en coordinación con el Ejército-, propuso descongestionar las cárceles con modelos alternativos de prisiones (furgones celdas) y frenar la comunicación celular cerca de los penales. ¿Por qué no estaban en sintonía Centros Penales y el ejército y la policía?
—Nosotros el contexto lo teníamos el propio martes, que algo más grave podía pasar ya el día miércoles o jueves —dice Moreno.
Según Munguía Payés, la información que ellos recogían no llegó a los oídos del director de Centros Penales porque “en inteligencia no se trabaja así”. El director de la policía, sobre las diferentes visiones sobre el hecho entre el ministro Melgar, ellos y el ejército; y sobre la desinformación que tenía Centros Penales, reconoce:
—Realmente fue un error de comunicación. Definitivamente de comunicación.
El coordinador del gabinete de Seguridad, el secretario de Asuntos Estratégicos, Franci Hasbún, dice que no entiende por qué los funcionarios que se reúnen con él ahora entran en esas contradicciones. Hasbún, el martes 7 y el miércoles 8, andaba de gira con el presidente Funes en Estados Unidos y México. Pero, dice, el ministro Melgar los mantuvo al tanto de todo vía telefónica.
—En el gabinete de seguridad todos estábamos discutiendo y estábamos permanentemente en reunión, discutiendo cada uno de los aspectos problemáticos de la seguridad en el país. No conozco esas declaraciones y no sé a qué responden; pero ahí en el gabinete se discute permanentemente la situación de inseguridad y se comparte toda la información- dice.
—Pero, ¿entonces por qué el ministro Melgar decía una cosa, mientras que el ministro Payés decía otra? ¿Por qué el director de centros penales se enteró hasta el martes de la información de inteligencia que ustedes dicen que tenían una semana antes del paro?
—Algo pasó, pero si lo que me querés decir es que unos sabían y otros no, no es así. No sé que error hubo en la declaración, pero todos estaban conscientes de cuál era el problema.
El gobierno unificó postura sobre el incidente, sobre el paro y sobre las amenazas hasta que el presidente Mauricio Funes regresó de viaje. Para el jueves por la tarde, el gabinete de seguridad ya manejaba una sola versión de lo sucedido: las pandillas se tomaron algunas cárceles en señal de protesta, amenazaron al transporte colectivo y al comercio informal. El gobierno pudo controlar la situación. El transporte colectivo paró sus unidades de manera sospechosa, y pidió a cambio subsidio para el combustible. Algunos medios de comunicación se prestaron para causar zozobra. Algunos medios y un partido político. La realidad dijo que la mayor parte de las amenazas fueron rumores.
La versión del gobierno, al menos en dos puntos, parece no tener sustento. ¿Qué sector del gremio de transporte pidió subsidio en medio del paro? La gremial de Genaro Ramírez (AEAS) que controla un 35% de las rutas en el país, dice que ellos siguieron trabajando y que no se sumaron al paro. Dice Ramírez, además, que nunca se reunieron con el gobierno porque ya no tienen canal de comunicación.
La otra gremial, la de Catalino Miranda (que también controla otro 35% del sector), sí se reunió el martes al mediodía para discutir las amenazas y el paro, y para escuchar la oferta de seguridad que hizo el gobierno. De esa reunión, según Miranda, la única conclusión que hubo es que un 60% de los representantes del gremio creyeron en la seguridad ofrecida por el gobierno (lo cual explicaría que miércoles y jueves se vieran más unidades en las calles) y un 40% le creyó más a la amenaza de las pandillas, con lo cual esos dos días el país siguió paralizado, pese a la respuesta inmediata del gobierno para intentar paliar la crisis (todas las dependencias de gobierno, incluido el ejército, sacaron sus camiones para transportar a la población más afectada el miércoles y jueves). Según Miranda, ellos nunca pidieron ni revisar el pliego tarifario ni un aumento del subsidio.
—Esas son dos cosas completamente diferentes —dice Miranda.
El segundo punto en el que no coincide la postura del gobierno con la realidad es sobre el control de la situación. Si bien es cierto hubo un manejo rápido y eficaz del problema, sacando transportes del gobierno para intentar paliar la crisis, el grueso del comercio informal y una buena parte del sector del transporte -que lleva más de 100 muertos a la fecha- le creyeron más a la amenaza de las pandillas que a la pronta respuesta de seguridad del gobierno. ¿La amenaza de las pandillas fue real? Mientras el ministro Melgar declaró, el miércoles 8, que grupos extraños estaba interesados en desestabilizar el país, o que las amenazas contra el comercio informal y el transporte “podrían” estar vinculadas con el hallazgo de los barriles llenos con millones de dólares, el jefe de investigaciones de la policía, Howard Coto, maneja lo contrario. No hay ninguna relación con los narco barriles y ellos están sorprendidos por la demostración de fuerza que hicieron las pandillas, que incluyó una coordinación desde centros penales y una distribución, por departamentos, zonas de influencia y por clicas, de los volantes en donde se reprodujeron las amenazas.
¿Pusieron en jaque las pandillas al gobierno? Los hechos indican que sí, y sobre todo uno fundamental: el jueves 9, por la noche, el presidente Mauricio Funes ratificó la ley de proscripción a las pandillas en un acto público y televisado. Lo hizo a sabiendas –de hecho lo reconoció en el acto- que la ley no era la más adecuada, pero que por la premura era necesaria. Aquello fue una salida del jaque, un movimiento para dar una imagen de control ante el descontrol de los dos días previos.
Una semana después de ratificada la ley, esta todavía no se implementa. Ni la policía ni el ejército ni la fiscalía han ordenado redadas para capturar a los miembros de pandillas, amparados en esa normativa.
*Con reportes de Edith Portillo y Carlos Martínez
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