Julia Evelyn Martínez (*)
SAN SALVADOR -
Una interrogante que aparece con frecuencia cuando se analiza la situación y perspectivas de la violencia contra las mujeres en El Salvador es el porqué persiste este fenómeno a pesar de la amplia legislación e institucionalidad creadas en las dos últimas década. Las posturas enfrentadas en torno al caso de violencia de pareja que involucra a uno de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia están proporcionando un excelente laboratorio para responder esta pregunta, ya que nos permite observar “en vivo y en directo” el proceso mediante el cual se naturaliza, se justifica y se institucionaliza la violencia contra las mujeres en la sociedad salvadoreña.
Es preciso señalar que la violencia en contra de las mujeres existe cuando en una sociedad las mujeres se consideran personas con derechos reducidos o con derechos inferiores a los derechos de los hombres. Esta asimetría de derechos no depende tanto del marco jurídico institucional vigente en la sociedad como del marco de valores, creencias, mitos y prácticas que configuran la cultura popular que sirve de contexto a las relaciones entre hombres y mujeres. Esta cultura popular se expresa en normas no escritas que se transmiten generacionalmente a través de las principales instituciones que participan en el proceso de socialización (familia, iglesia, escuela, medios de comunicación, etc. ). La violencia contra las mujeres no se puede erradicar si no se erradican estas normas no escritas, que son en última instancia las que sirven a las personas de marco de referencia para formarse opiniones y tomar posiciones frente a la violencia que enfrentan las mujeres.
Una revisión no exhaustiva del contenido discursivo de algunas de las manifestaciones de apoyo a la permanencia del Magistrado Rodolfo González en la CSJ, nos permite ilustrar el profundo arraigo que existe en la sociedad salvadoreña de un conjunto de normas culturales que naturalizan y justifican las diversas formas de violencia contra las mujeres.
En primer lugar, en la sociedad salvadoreña se considera como norma cultural que la violencia contra las mujeres es un asunto privado en el cual no deben intervenir el Estado ni las políticas públicas. Esta norma se expresa en la frase popular: “entre el hombre y su mujer, nadie se debe meter”
A manera de ejemplo del alto grado de interiorización de este norma cultural se puede mencionar el campo pagado que publicó un grupo de ex – estudiantes del Magistrado Rodolfo González (La Prensa Gráfica 2 de agosto de 2012) quienes luego de exaltar la moralidad y competencia notoria del magistrado, y de reafirmar que éste cumple con todos los requisitos constitucionales para ser electo magistrado en 2009, proceden a denuncian a la Asamblea Legislativa el haber creado una comisión especial para investigar la VIDA PRIVADA de su profesor y de “instrumentalizar la causa de la defensa de los derechos de la mujer para lograr un fin mezquino: evitar que se mantenga una Sala de lo Constitucional independiente que ha eliminado la partida secreta, las exoneraciones a las multas de tránsito y el monopolio de las cúpulas partidarias, entre otros muchos abusos de poder” .
En segundo lugar, en la sociedad salvadoreña, prevalece como norma cultural que la violencia contra las mujeres es una práctica consuetudinaria, que no justica la adopción de medidas extraordinarias para enfrentarla. La frase que podría ilustrar esta norma de la cultura popular salvadoreña es la siguiente: “Los salvadoreños son violentos con las mujeres ..¿y?”.
Esta norma se encuentra presente en la columna del conocido periodista y analista Laffite Fernández publicada en la Prensa Gráfica el pasado 3 de agosto, en la cual realiza una vehemente defensa del magistrado González a partir de sus excepcionales dotes de jurisconsulto, dotes que opacan o justifican cualquier otra falta en su honorable hoja de vida. De acuerdo al señor Fernández: “Rodolfo pudo haber agredido a su ex mujer. Eso no lo sé. Tampoco se lo he preguntado. Y creo que nunca se lo preguntaré. Conozco a muchos agresores de mujeres que caminan por las calles con la nariz respingada y nunca les pasó nada. Rodolfo puede haber cometido muchísimos errores personales yo profesionales. Pero, y lo escribo sin ningún empacho, no hay derecho a tratar de darle muerte civil y profesional a un constitucionalista de lujo para El Salvador y para Centroamérica”.
En tercer lugar, en la sociedad salvadoreña predomina como norma cultural la consideración de ciertas modalidades de violencia contra las mujeres, tales como las amenazas, el acoso, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, entre muchas otras, como NO VIOLENCIA. Esto se traduce en la tolerancia de este tipo de modalidades de violencia machista, y se expresa en frases como: “Tanto escándalo por eso, ni que la hubiera matado”.
Por ejemplo, en su popular blog “Conversaciones con Neto Rivas y amig@s” el señor Ernesto Rivas Gallont cuestiona la seriedad de un titular de una noticia aparecida en el periódico digital ContraPunto el día 11 de julio recién pasado, ya que en su opinión el título de la noticia (“Magistrado agredió a su ex – esposa”) falta a la verdad y engaña a los lectores. En opinión de este analista el titular da lugar a pensar que el Magistrado González agredió a su esposa físicamente cuando en realidad solo la agredió psicológicamente. Textualmente el señor Rivas Gallont postea que: “ No es lo mismo agredir, que agredir sicológicamente. En el primer caso puede ser una agresión violenta físicamente, pero en el segundo caso puede haber sido solamente una agresión verbal o de otra suerte, sicológica”.
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Estas son apenas unas pequeñas muestras de toda la cultura popular o del “sentido común” que existe en el país en torno a la violencia contra las mujeres y que está aflorando en esta interesante coyuntura. Por eso es que se debe seguir con mucha atención el proceso de destitución, de renuncia y/o de disculpas públicas del Magistrado Rodolfo González, porque su desenlace constituirá un acto simbólico que puede reforzar o que puede debilitar las normas culturales que nos mantienen como un país con altos niveles de tolerancia social frente a la violencia machista.
Esto no significa que creamos que los golpes de pecho del FMLN, GANA, PES y CN ante el caso del Magistrado González sean sinceros. Por el contrario, sabemos que son simplemente una maniobra para separarlo de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo sabe quien tenga un mínimo conocimiento del historial de algunos dirigentes de estos partidos que hoy se presentan como los grandes defensores de los derechos de las mujeres salvadoreñas. ¿Es que es posible olvidar al diputado Dagoberto Marroquín del CN afirmando públicamente que las mujeres no tienen capacidad para estar en la política y que ni periodistas debían ser? ¿Es que es se puede borrar de la memoria colectiva la escena de Francisco Merino alcoholizado después de dispararle a una agente de al PNC? ¿Creen que hemos olvidado que Rodolfo Parker del PES ha sido uno de los principales responsables de la no ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW por parte de la Asamblea Legislativa? ¿Es que creen que hemos olvidado el silencio cómplice de la fracción legislativa del FMLN en el caso de Iris Chavarría y de tantas otras mujeres acosadas sexualmente en la Asamblea Legislativa?. No, no creemos en sus buenas intenciones, estamos seguros que lo hacen para beneficiarse partidariamente, y que tan pronto uno de los suyos se encuentre en una situación parecida a la del Magistrado González, acudirán fraternalmente en su encubrimiento,
Pero que estos partidos estén manipulando en su beneficio este caso, no justifica que no se pueda aprovechar la oportunidad para que las cosas comiencen a cambiar, salvo que no se tenga interés en que cambien realmente.
(*) Columnista de ContraPunto
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