Una burbuja con una población flotante de al menos 50 mil menores de edad mexicanos y centroamericano atiza un fenómeno que comienza como tráfico ilícito de infantes de Centroamérica y México a Estados Unidos y se transforma en trata de personas para explotación sexual y laboral, venta y esclavitud, pornografía infantil, matrimonios forzados, adopciones fraudulentas y extracción de órganos, en un negocio en el que convergen cárteles del narcotráfico, redes del contrabando de seres humanos y cadenas de prostitución.
Como lucrativa actividad que permitió a las distintas mafias del crimen organizado diversificar operaciones, el tráfico ilegal de niñas y niños y delitos paralelos sigue creciendo en México y Centroamérica, coincidieron investigadores independientes, autoridades judiciales y documentos de organizaciones internacionales al exponer el mapa regional de un problema que permea fronteras y puestos migratorios y mueve grandes cantidades de dinero.
“Todo el negocio es controlado principalmente por los cárteles mexicanos del narcotráfico”, dijo la costarricense Rocío Rodríguez, directora ejecutiva de Alianza por tus Derechos, organización no estatal de Costa Rica que combate el abanico de delitos sexuales que azota a Centroamérica, y coordinadora de Latinoamericanos Desaparecidos, grupo dedicado a registrar la desaparición continental de personas.
“Niños y niñas mexicanos y centroamericanos están siendo vendidos para explotación sexual o laboral y tráfico de órganos. Estas redes son manejadas por mafia organizada, que está incluyendo a los cárteles de la droga”, insistió Rodríguez, en una entrevista con El Universal.
“Es criminalidad organizada”, puntualizó, por su parte, la costarricense Ana Hidalgo, investigadora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), institución del sistema de Naciones Unidas. “Lo que está teniendo más claridad en los últimos años es que efectivamente es muy difícil diferenciar la actividad delictiva de las diferentes redes (criminales). Más bien pareciera que diversifican o confluyen en sus actividades en función de lucro y en donde puede haber más ganancia”, afirmó Hidalgo a este periódico.
En un confuso escenario, los pasadizos regionales de migrantes se combinan con los de drogas, armas o explotación sexual y laboral y con los de negociantes de mercancías variadas, como vehículos, madera o bienes arqueológicos.
La jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de El Salvador, Smirna Salazar, declaró a El Universal que “tenemos datos documentados de que traficantes salvadoreños de ilegales tienen una clara vinculación con diferentes estructuras que operan en toda la región, incluyendo los grandes cárteles (mexicanos) del narcotráfico, como Los Zetas”, la poderosa organización delictiva de México que penetró desde 2008 a la zona centroamericana.
“Con los menores, lo que probablemente inicia como un simple tráfico ilegal, el propósito es otro. La trata de personas tiene varias modalidades: explotación sexual, trabajo o servicios forzados, prácticas análogas a la esclavitud, matrimonios forzados, adopciones fraudulentas y extracción de órganos”, agregó.
El Salvador ha comprobado, agregó, que la trata se concentra mayoritariamente “en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes para fines de explotación sexual”, aunque recordó un caso que se logró frustrar de un niño de pocas horas de nacido en suelo salvadoreño que fue llevado a Guatemala para ser entregado en adopción fraudulenta.
El misterio sobre la real dimensión regional del tráfico de menores golpeó al área tras el hallazgo, el pasado 12 de abril en El Salvador, de la niña mexicana Valeria Hernández de Jesús, de 4 años, desaparecida desde el 1 de abril en Texcoco, estado de México.
El salvadoreño Nelson Vladimir Valencia Masin, capturado en su país como sospecho de sustraer a la niña, fue acusado por la Fiscalía General de El Salvador de privación de libertad agravada y de tráfico ilegal de personas y desde el 17 de abril anterior purga seis meses de prisión provisional.
“La situación es grave por privar de libertad a una niña de 4 años. No es posible que un sujeto, solo, haya podido evadir tanto control migratorio. Las estructuras criminales cometen una grave vulneración a los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes: es imposible que se continúe con este atropello”, advirtió Salazar.
Maras y narcos
El involucramiento de Los Zetas en la migración de ilegales, recordó Salazar, quedó comprobado en agosto de 2010, con el asesinato de 72 centroamericanos y sudamericanos en el estado mexicano de Tamaulipas, por negarse a servir como sicarios. Sin embargo, a juicio de Rodríguez, hay otros cárteles involucrados, además de Los Zetas.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), ente especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos de niñez y adolescencia, reveló en un informe emitido en marzo de este año sobre la situación del tráfico y trata de personas en América que en Honduras hay nexos entre maras o pandillas juveniles y narcotraficantes, para explotar a las víctimas del contrabando de seres humanos.
“Jóvenes de sexo masculino, mayores y menores de edad, en situación de vulnerabilidad socio-económica están siendo involucrados, bajo coacción y amenaza, en actividades de tráfico de drogas. Los tratantes, en estos casos, son miembros de pandillas que responden a líderes de carteles del narcotráfico internacional. En otro sentido, muchos hondureños/as han sido víctimas de explotación laboral en Guatemala y México en su ruta migratoria hacia Estados Unidos, así como también en este último país”, precisó el IIN.
En Honduras, adujo, “quienes están más expuestos a ser víctimas de trata siguen siendo los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, jóvenes, mujeres adultas y migrantes”.
Industria millonaria
Documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de entes no gubernamentales advirtieron en los últimos 10 años que en Centroamérica “al menos” 50 mil menores de edad mexicanos y centroamericanos son víctimas del tráfico ilícito de seres humanos, sufren trata de personas y son obligados a prostituirse, en una “pujante” industria de turismo sexual que moviliza gran cantidad de millones de dólares.
El PNUD aseguró en el “Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010” que “una investigación indicaba que al menos 50 mil menores centroamericanos y mexicanos ejercían la prostitución forzada; otras investigaciones y estudios indican que existe un tráfico de niños y niñas entre los distintos países centroamericanos que son vendidos entre 100 y 200 dólares”.
“Otra dinámica creciente y lucrativa (en el istmo), controlada por redes del crimen organizado, es el tráfico y explotación de personas, que afecta especialmente a las mujeres y niñas que acaban siendo explotadas sexualmente”, añadió.
La OIT reportó en 2007 que “cerca de 20% de la explotación sexual infantil que ocurre en los países de Centroamérica y el Caribe es protagonizada por turistas y extranjeros”.
Al respecto, Hidalgo alertó que el fenómeno está ligado a la migración de “niños y niñas que salen de Guatemala y de otros países por diversas razones, como económicas. Pero hay jóvenes que huyen de las maras (pandillas juveniles) de Guatemala, El Salvador y Honduras que quieren hacer reclutamientos forzosos. Al salir, están en riesgo de ser captados por la criminalidad”.
Tras aclarar que “aunque sea un lenguaje inapropiado”, es necesario definir “a qué tipo de demanda o de mercado es que esta delincuencia está tratando de abastecer”.
“Hay un enorme tráfico de niños a nivel global, no solo en América Latina, y muchos de estos niños pueden estar siendo secuestrados, o engañados para muchos propósitos. Uno de ellos es para la trata de personas, para la prostitución forzada. Lamentablemente en el mundo hay una gran demanda de comercio sexual de menores de edad”, subrayó.
¿Cómo operan?
La tradición confirma que el tráfico de niños y niñas es esencialmente de sur a norte, ya que las víctimas son trasladadas por pasos ciegos de Centroamérica a México y Estados Unidos. Por eso, lo ocurrido con la menor mexicana Valeria Hernández, desaparecida en Texcoco, estado de México, el 1 de abril, y hallada el 12 de este mes en la suroccidental ciudad salvadoreña de Sonsonate, cerca de Guatemala, generó profundas dudas en la Fiscalía General de El Salvador.
La jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de El Salvador, Smirna Salazar, afirmó que además de ser un movimiento del norte al sur, es inquietante que la niña haya pasado por al menos dos fronteras—México/Guatemala y Guatemala/El Salvador—y sin descartarse que hubiera sido llevada primero del lado mexicano a Belice, luego a suelo guatemalteco y, al final, a territorio salvadoreño.
Al insistir en que faltan muchas explicaciones acerca de cómo la pequeña fue llevada por tres países sin que nadie se percatara de lo que estaba sucediendo con una menor de edad, Salazar recordó que en el negocio de la trata de personas para explotación sexual o laboral, El Salvador es punto de destino, tránsito y origen de las víctimas, pero en el tráfico ilegal es tránsito y origen.
“Generalmente” la ruta que se utiliza es que los migrantes ingresan a Guatemala o a Belice, desde donde se trasladan por vías ilícitas hacia México, “por los pocos controles que existen”, narró.
Luego de ingresar a suelo mexicano, el viaje prosigue “a través siempre de varios guías, en diferentes lugares ubicados en toda la región. Probablemente el trato (inicial) se hace con un sujeto o con dos sujetos, pero estos tienen guías en los diferentes países o en los diferentes lugares por donde van atravesando la ruta”, aseveró.
En su viaje a Estados Unidos, contó, “claramente está que (los migrantes) tienen que pagar derecho de paso y hay una fuerte vinculación con estas personas que operan a lo largo de los puntos ciegos”.
