Julia Evelyn Martínez (*)
Martes, 14 Mayo 2013
SAN SALVADOR - Todo proceso de inversión de Capital tiene una ideología. Esta ideología está formada por el conjunto de ideas mediante las cuales las clases dominantes y sus intelectuales orgánicos, tratan de justificar y legitimar tanto los incentivos que se dan a inversionistas, como la legitimidad de la ganancia privada de la que se apropian. Su finalidad es crear un consenso nacional en torno a la inversión privada capitalista al mismo tiempo que se busca ocultar o minimizar las afectaciones negativas que esta inversión tiene o puede tener sobre las personas y sobre la naturaleza.
Curiosamente, esta ideología suele disfrazarse bajo la forma de principios que responden a una especie de orden natural, que supuestamente deben ser conocidos y respetados por los Estados, partidos políticos, intelectuales y clase trabajadora, para que puedan impulsar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar para toda la sociedad. Estas ideas se repiten una y otra vez, hasta que se convierten en parte del “sentido común” de la economía de un país. Afirmaciones como “Sin inversión privada no hay desarrollo” o “La inversión privada nos beneficia a todos” son parte de esta ideología.
En ocasión del debate que está generando el proyecto de Ley de Asocios Público Privados (APP ) ha aflorado la ideología de los APP. Esta promueve afirmaciones como “La gestión privada de los bienes y servicios públicos es superior a la gestión pública” y “Los APP son la única alternativa para promover el crecimiento y el empleo en la economía salvadoreña” con una gran capacidad de articular a los más variados sectores, bajo el signo de la promoción de la inversión privada ¿No resulta curioso observar como el Partido ARENA, FUSADES y la ANEP olvidan sus desacuerdos con el Presidente Funes y cierran filas para acatar la orden de la Embajada de Estados Unidos para aprobar la ley de APP sin ningún tipo de observación?
También es interesante constatar en esta coyuntura, cómo los defensores de la ideología de los APP insisten en que no se politice ni se ideologice esta discusión, cuando en realidad lo que quieren decirnos es, que no pongamos en duda las ventajas de los APP y que no pongamos bajo crítica los posibles “daños colaterales” que podrían sobrevenir de estas inversiones.
Se nos pide no tomar en cuenta las consecuencias que la mercantilización de los bienes y servicios públicos tendrá sobre la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la población. Se espera que no mencionemos el aumento de los conflictos sociales que podrían generarse en las comunidades afectadas por la destrucción de recursos naturales o por la limitación en el acceso a los bienes comunes (agua, playas, tierra, tecnología), tal como ha ocurrido en las experiencias de APP en Brasil, Chile, Perú, Panamá y Bolivia. ¡Ah!, y por supuesto, esperan que ni se nos ocurra señalar el riesgo de un mayor debilitamiento fiscal del Estado como resultado de la pérdida de ingresos derivados del pago de indemnizaciones a empresas por concesiones denegadas o por el pago de demandas millonarias a empresas transnacionales, que como es su costumbre, acuden a los tribunales internacionales, cuando perciben que las decisiones soberanas de los Estados representan una amenaza a sus ganancias.
En un artículo titulado “Filosofía ¿para qué?” (1976), Ignacio Ellacuría nos advertía algo que puede ser de utilidad para iluminar el contexto actual. De acuerdo a sus palabras: “Hay infinidad de elementos ideologizados que no responden a la verdadera naturaleza del pueblo salvadoreño y que favorecen la perpetuación de un orden injusto. Hacen falta Sócrates implacables que pongan en tela de juicio toda esta suerte de tópicos tan repetidos que se nos quieren hacer pasar por evidencia”. Entonces, ¿nos atreveremos a ser estos Sócrates que hagan las preguntas incómodas para des-ideologizar la propuesta de los AAP o seremos como los atenienses que le condenaron por atreverse a hacer las preguntas que no debían hacerse?
(*) Columnista de ContraPunto