La Secretaría de Cultura se juega en tiempo extra su Ley de Cultura.


Son 227 mil 500 dólares los que el gobierno de España ha aportado para que El Salvador cuente con una Ley y una Política de Cultura. El convenio determina plazos para la ejecución, y su incumplimiento injustificado obligaría a un reembolso. El plazo original venció en abril y la Secretaría de Cultura ya hace uso de prórroga, y aunque al gobierno le quedan 10 meses y medio de vida, los responsables no saben decir si podrán cumplir su tarea a tiempo.
 
María Luz Nóchez
elfaro.net / Publicado el 15 de Julio de 2013

http://www.elfaro.net/es/201307/el_agora/12662/
 
A finales de 2011, la Secretaría de Cultura de la Presidencia (Sec) y la Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) suscribieron un acuerdo que activó el financiamiento de parte del gobierno español para el proyecto de Ley Nacional de Cultura de El Salvador. El acuerdo daba 18 meses para la ejecución total, esos 18 meses se cumplieron el pasado 30 de abril. Sin embargo, el acuerdo otorga al beneficiario seis meses de gracia sin necesidad de una autorización. Estos seis meses vencen el próximo 31 de octubre. En los términos escritos en el acuerdo se explica que si no hay documento ni justificación que valide su ausencia, el gobierno deberá de reembolsar los 227 mil 500 dólares que le fueron otorgados. Ahora bien, el acuerdo también establece la posibilidad de solicitar una prórroga que correría después de los 6 meses de gracia, pero esta debe solicitarse oficialmente antes del vencimiento del período original de 18 meses.
Detalle de desembolsos y de los montos asignados para cada propósito del acuerdo suscrito.

En junio de este 2013, en una conferencia de prensa sobre otro tema, la secretaria de Cultura, Magdalena Granadino, respondió a una pregunta de El Faro sobre el estatus del proyecto de Ley, afirmando que el documento ya estaba en poder del departamento jurídico de Casa presidencial esperando que se le dé iniciativa de ley. Hasta la fecha, la presidencia no ha hecho este trámite ante la Asamblea Legislativa. El Faro intentó contactar al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, para confirmar las palabras de Granadino e indagar las razones por las que no ha habido aún iniciativa de ley, pero no se logró contactarlo ni en su oficina ni en su celular.

El proceso para el desarrollo de la Política Nacional de Cultural, que también auspicia este mismo convenio, dio muestras de vida durante las últimas semanas con la llegada al país del consultor cubano Lázaro Ródríguez Oliva, el mismo experto que desarrolló la Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), encargada por el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y también financiada por el gobierno español. No se conocen aún los detalles de este proceso, ni la metodología, ni el calendario, tampoco si hay un compromiso firme de terminarlo dentro de las fechas del convenio, o, al menos, antes de que termine el gobierno de Mauricio Funes el 1 de junio de 2014. 

Para obtener información actualizada de la Sec sobre a los plazos del convenio, el viernes 12 de julio contactamos vía teléfono a Alejo Campos, director de relaciones internacionales y delegado de la institución para coordinar todo el proceso de la ley, quien declaró que en abril solicitaron la prórroga, tal como lo estipula la subvención, pero al preguntarle sobre el período solicitado, solo dijo que no lo recordaba con exactitud, pero que se pidió lo necesario para concluir los proyectos y que probablemente se extienda hasta 2014. Nos pidió que le enviáramos en un correo electrónico nuestra dudas y que nos respondería por ese canal. Así lo hicimos esa misma noche, y hasta el cierre de esta nota, no hemos obtenido respuesta a las siguientes preguntas formuladas:

1. Queremos que nos cuente cuándo y cuánto tiempo se solicitó al cooperante para concluir el proceso de elaboración tanto de la Ley como de la Política [de Cultura].
2. ¿Cuáles han sido las razones fundamentales por las que fue necesario solicitar la prórroga?
3. A esta Secretaría le restan 11 meses de gestión, ¿se comprometen a que para mayo 2014 ya será pública su propuesta de Ley y Política Nacional de Cultura?
4. La gente del FMLN nos ha adelantado que hay probabilidades de que la próxima semana se inicie la discusión de la metodología de trabajo a seguir en la comisión. Si la ley de la Secultura llega cuando ya ha iniciado la aprobación artículo por artículo, su documento podría perder la oportunidad de nutrir el debate de puntos fundamentales. ¿Cómo incide esto en sus tiempos?
5. ¿Han sido invitados por los diputados para participar durante todo el proceso o solo como parte en las consultas?

La salida en falso y la ventaja del Frente

El calendario del convenio para dotar al país de una Ley y una Política de Cultura inició con bastante puntualidad, y se mantuvo así hasta agosto del año pasado cuando, luego de una gran campaña de expectación, la institución decidió desligarse del borrador propuesto por el consultor colombiano Gonzalo Castellanos, a quien se le pagaron 10 mil dólares. Ni Granadino ni Campos han concedido entrevistas a los medios para hablar sobre ese proceso y la desestimación del documento. La única explicación que la titular de la institución ha dado es que “lo que estaba él (Castellanos) exponiendo no estaba totalmente de acuerdo con la realidad del país”.

Posterior a esa salida en falso, la institución pidió a los artistas que se organizaran por mesas para hacer llegar sus propuestas por medio de los directores nacionales. Curiosamente, aunque la Secretaría de Cultura nunca lo adoptó, una vez que el borrador apócrifo de Castellanos se filtró, se convirtió en el principal insumo de las mesas, incluso la misma funcionaria ha admitido que “Hay algunas (ideas que) sí eran viables, que sí están dentro”.

Hasta ahora, el único documento formal, público y con iniciativa de ley es el apadrinado por el FMLN, que el 19 de marzo fue presentado en la comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. Según la agenda de la comisión, para que iniciara el proceso de la Ley Nacional de Cultura los diputados debían superar los pendientes con la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Con las reformas aprobadas en la plenaria del jueves 11 de julio, el anteproyecto de ley tiene vía libre y desde este martes 16 empezó a discutirse la metodología a seguir, lo cual incluye invitar a expertos en legislación cultural al seno de la comisión y un ciclo de consultas descentralizadas a nivel nacional con los distintos gremios artísticos.

Una vez que se cierren las consultas, el proceso indica que los diputados deben de iniciar la lectura y aprobación artículo por artículo. Si durante ese período no entra a la Asamblea otro anteproyecto de ley, no habrá un documento para comparar o contrastar lo propuesto por el FMLN. Es decir que si, por ejemplo, el debate artículo por artículo iniciara en noviembre 2013 y la ley de Secultura ingresara en febrero de 2014, el segundo documento deberá acoplarse al avance del análisis y aprobación de la comisión, y solamente se tomarán en cuenta para aspectos aún no analizados y aprobados, perdiendo así la facultad de incidir en la discusión completa de la ley que les ha tomado, hasta la fecha, 17 meses elaborar y una inversión de varias decenas de miles de dólares.

Lo que queda claro es que el FMLN no está esperando a que la Sec haga su tarea para seguir con el proceso. No obstante, no hay que olvidar que se trata de un gobierno en el que tiene participación el FMLN. Para explicar la dualidad y aparente duplicación de esfuerzos, Lorena Peña, secretaria de Cultura de su partido, dijo a El Faro en noviembre que "en la Secretaría de Cultura no hay funcionarios del Frente dirigiendo, o sea, que no es que estemos haciendo dos procesos. Nosotros partimos de que el ejecutivo tiene un trabajo sobre un proyecto de Ley que a nosotros nos parece muy interesante, y el FMLN, desde su perspectiva, también está trabajando un proyecto de ley".

El cuidado con hombres que leen o pasan por algunos talleres de masculinidad.

Hay que tener mucho cuidado con hombres que han leido sobre las nuevas masculinidades libre de violencias, han participado en algunos talleres o han sido sancionados por violencia, y que no han revisado bien su construccion de esa forma de ser hombre y asumido cambios en sus vidas, pueden usar el lenguaje no sexista, no misogeno para provocar atencion y buscar beneficios personales, ahora no usan violencia que se pueda medir o ver a simple vista, usan el chantaje o lo que llamamos micromachismos.... los hombres que atravienzan procesos metodologicos, revisan y cuestionan el modelo que los hizo hombres asumiendo compromisos para cambiar esos mandatos y aprendisajes son los que vamos paso a paso, dia a dia cambiando nuestra realidad para cambiar la de los demas.... hombres en proceso de cambio somos.

Decreto transitorio con dedicacion... quien las hace las imagina.

FESPAD, Julio8/2013.

En El Salvador, difamar, calumniar e injuriar es un delito. Lo dice la Constitución y lo dicen las leyes. Es un delito sin importar quien lo haga, ni contra quien se haga. Pero parece que esta realidad jurídica y ética es desconocida por los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, quienes en la madrugada del 26 de junio se apresuraron a aprobar el Decreto Legislativo 412.
 
Bajo el estridente y falaz título de Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás, las y los diputados decidieron aprobar estas disposiciones que resultan innecesarias por tratarse de aspectos que ya están regulados en otras normas ordinarias. A menos que sea la misma comunidad de partidos políticos la que se disponga a impulsar una campaña proselitista basada en el engaño y la difamación o tema que la población exprese abiertamente sus dudas y críticas sobre los oscuros manejos que han caracterizado a las administraciones gubernamentales de la derecha partidaria.
 
Pareciera que estamos ante un decreto hecho a la medida de ciertos intereses y no frente a una disposición general que vaya a ser aplicada de modo regular para toda la población. Triste pero certera realidad legislativa, que sucumbe ante los deseos e intereses de grupos minoritarios, pero poderosos.
Esa madrugada, en tan sólo dos artículos las y los diputados tomaron la decisión de poder multar hasta con 25 mil dólares a cualquier persona que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considere que está lesionando públicamente el honor, la imagen o la vida privada de toda persona, especialmente si se trata de alguien que se ha postulado – ni siquiera es necesario que se haya inscrito formalmente como candidato – a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esa multa la podrá imponer en menos de 72 horas (3 días) que se cuentan desde que se reciba una denuncia. En ese plazo, el TSE deberá oír a la parte denunciada y a quién esté difundiendo la comunicación (¿Se refiere a los medios de información y comunicación?), valorar las pruebas y dictar una resolución final. Adicionalmente, “sin más trámite” y en 24 horas, el TSE podrá ordenar que se suspenda la difusión del contenido que se repute como lesivo y exigir que le sean entregados los datos de identificación de quien haya firmado el contrato con el medio informativo que difundió el supuesto hecho difamatorio o calumnioso.
Este Decreto Legislativo es curioso, pero además peligroso, por varias razones. En primer lugar porque fue aprobado, como suele suceder, en una madrugada y sin ninguna discusión; sabemos que tomó por sorpresa a algunos diputados y algunas diputadas.
En segundo lugar porque regula de forma expedita una serie de asuntos delicados que ponen en riesgo la libertad de expresión y los derechos de comunicación de la población; todo medio de información y comunicación no se escapará de un objetivo temor de que las noticias que difunda, puedan caer en las categorías altamente subjetivas que este decreto regula; sobre todo porque quienes valorarán si una noticia es injuriosa o no, es un cuerpo colegiado compuesto por cinco personas, tres de ellas provenientes de los mismos partidos políticos que estarán en la contienda presidencial.
Y en tercer lugar, porque – como ya dijimos – este Decreto, parece que tiene signo de origen en el partido GANA, que es el principal instrumento electoral del ex-Presidente Elías Antonio Saca. Este partido logró el acompañamiento del FMLN y de los demás partidos representados en la Asamblea Legislativa, a excepción de ARENA que ante este Decreto, se ha desgarrado las vestiduras haciendo una crítica superficial, oportunista y electoral. Llama poderosamente la atención que esta propuesta nazca de este candidato presidencial, ya que el Señor Saca, desde su posición de empresario de la información al frente de uno de los más poderosos grupos radiofónicos del país y como dirigente de la gremial que aglutina a los medios informativos comerciales, ha mantenido una férrea oposición para que existan regulaciones normativas en materia del derecho a la comunicación. La consigna predilecta de este sector ha sido siempre que la mejor ley para la libertad de expresión es la que no existe¡ Y ahora está proponiendo que sí se debe regular lo que los medios difunden! Lo menos que la población puede pensar es que algo se quiere ocultar con esta apresurada, innecesaria e incoherente decisión legislativa.
La sociedad civil está luchando para que los medios de comunicación tengan un marco regulatorio sólido y democrático para ampliar la participación y la diversidad en el concierto mediático del país; nunca para atemorizar, amordazar o minimizar las posibilidades expresivas de la población, tal como puede provocarse con este infeliz decreto legislativo. La lucha por la democratización de las comunicaciones que ya se ha iniciado en nuestro país, pretende que circulen todas las ideas, no sólo las que convienen al mercado. La sociedad debe tener mecanismos para debatir, criticar, denunciar, proponer y exigir.
El celo que deberían demostrar las y los diputados no es contra de quien expresa su opinión, sino en contra de quienes prevaleciéndose de sus posiciones de poder, han utilizado el aparato estatal para su propio beneficio. Hacia ellos y ellas debería ir dirigida toda la energía normativa que emane de la Asamblea Legislativa. El pueblo no necesita recurrir a la mentira ni a la difamación para expresarse, pero quizás en esta malograda decisión legislativa, ha prevalecido el sello de la desconfianza que se expresa en la vieja idea de quien la hace, la imagina.