ARPAS.
Si Beatriz García finalmente muere, porque los magistrados de la Sala Constitucional no autorizan el aborto terapéutico que necesita para salvar su vida, el responsable directo será el Estado y los responsables indirectos serán los voceros del conservadurismo social y religioso que asumen posturas hipócritas en temas como el aborto, la educación sexual y la salud sexual reproductiva.
Beatriz lleva 19 semanas gestando un feto sin cerebro cuya vida es inviable, pero las leyes salvadoreñas prohíben el aborto eugenésico. Su estado de salud es grave por las complicaciones de lupus e insuficiencia renal, pero la legislación nacional prohíbe el aborto terapéutico.
Por eso el Ministerio de Salud pidió autorización a la Sala Constitucional para practicar el aborto terapéutico y así salvar la vida de la joven mujer. Los magistrados admitieron el amparo pero todavía no emiten una resolución definitiva, a pesar de que la urgencia del caso amerita una respuesta rápida.
Ayer varias organizaciones de mujeres protestaron por la tardanza de la Sala y exigieron que ésta se pronuncie a favor de la vida de Beatriz. El temor de las ONGs feministas es que los magistrados terminen cediendo a la presión de entidades ultra conservadoras como la Fundación Sí a la Vida, del Arzobispo de San Salvador y demás representantes del más rancio conservadorismo social y religioso.
Para contrarrestar la ofensiva de esos anquilosados sectores conservadores que quieren mantener la prohibición sin excepciones del aborto, es necesario que la ciudadanía civilizada, con sentido común y respetuosa de los derechos humanos se exprese con fuerza para que los magistrados resuelvan a favor de Beatriz.
La ciudadanía también debe exigir a la Asamblea Legislativa que apruebe el aborto para cuando la vida de la madre esté en peligro, la vida del feto sea inviable y cuando haya violación sexual, como sucede en la mayoría de países del mundo, algunos de los cuales incluso han avanzado en temas como el matrimonio igualitario.
La prohibición absoluta del aborto es una forma de violencia contra la mujer y está considerada como una modalidad de tortura, por eso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas en el país se han pronunciado en favor de Beatriz.
Esperemos, entonces, que la civilidad, el sentido común y el respeto a los derechos humanos, se impongan a la hipocresía, la doble moral y a los resabios de medievalismo que imperan en sectores sociales y religiosos conservadores.
Beatriz lleva 19 semanas gestando un feto sin cerebro cuya vida es inviable, pero las leyes salvadoreñas prohíben el aborto eugenésico. Su estado de salud es grave por las complicaciones de lupus e insuficiencia renal, pero la legislación nacional prohíbe el aborto terapéutico.
Por eso el Ministerio de Salud pidió autorización a la Sala Constitucional para practicar el aborto terapéutico y así salvar la vida de la joven mujer. Los magistrados admitieron el amparo pero todavía no emiten una resolución definitiva, a pesar de que la urgencia del caso amerita una respuesta rápida.
Ayer varias organizaciones de mujeres protestaron por la tardanza de la Sala y exigieron que ésta se pronuncie a favor de la vida de Beatriz. El temor de las ONGs feministas es que los magistrados terminen cediendo a la presión de entidades ultra conservadoras como la Fundación Sí a la Vida, del Arzobispo de San Salvador y demás representantes del más rancio conservadorismo social y religioso.
Para contrarrestar la ofensiva de esos anquilosados sectores conservadores que quieren mantener la prohibición sin excepciones del aborto, es necesario que la ciudadanía civilizada, con sentido común y respetuosa de los derechos humanos se exprese con fuerza para que los magistrados resuelvan a favor de Beatriz.
La ciudadanía también debe exigir a la Asamblea Legislativa que apruebe el aborto para cuando la vida de la madre esté en peligro, la vida del feto sea inviable y cuando haya violación sexual, como sucede en la mayoría de países del mundo, algunos de los cuales incluso han avanzado en temas como el matrimonio igualitario.
La prohibición absoluta del aborto es una forma de violencia contra la mujer y está considerada como una modalidad de tortura, por eso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas en el país se han pronunciado en favor de Beatriz.
Esperemos, entonces, que la civilidad, el sentido común y el respeto a los derechos humanos, se impongan a la hipocresía, la doble moral y a los resabios de medievalismo que imperan en sectores sociales y religiosos conservadores.
