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"La mentira tiene patas cutas, la verdad siempre la alcanza", eso diria un mi amigo, poco a poco, al ir desenterrando la basura se encuentran mas indicios y elementos diferentes a las investigaciones originales, todavia sale un investigador y exdirector de la corporacion dandose golpes de pecho que lo hicieron bien, hasta presidente quizo ser, menos mal que no lo logró, imaginese el gobierno de corrupcion que tendriamos, veremos que nos dicen mas investigaciones y que sean verdades totales.
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Domingo 14 de Noviembre de 2010 22:09
Investigadores profesionales contratados por la ONU concluyeron que los tres diputados salvadoreños murieron porque uno de ellos llevaba, en el auto, $5 millones. Los resultados de sus investigaciones, que conoce El Mundo, fueron desatendidos y silenciados. Eso provocó protestas y renuncias de expertos en la CICIG de Guatemala. El grupo investigador involucró en el crimen a Víctor Rivera (“Zacarías”), un venezolano que vivió aquí, y al ex jefe de la DINC de Guatemala, así como otros altos ex funcionarios guatemaltecos.
Por: Lafitte Fernández y Miguel Jara, periodista costarricense
Primera entrega
El transportar cinco millones de dólares en dos valijas negras de tela, sería el móvil que provocó el asesinato de los tres diputados salvadoreños, y su motorista, ocurrido el 17 de febrero del 2007, de acuerdo con una investigación hecha por expertos contratados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas , que no fue atendida en ese país.
En una prolongada investigación, un grupo de trece profesionales de varios países , dice en sus informes que los diputados transportaban en un vehículo Land Cruiser, placas salvadoreñas 186171, cinco millones de dólares, y que eso lo conocían las autoridades guatemaltecas.
El dinero se lo atribuyen al diputado William Pichinte, cuya esposa era la propietaria del vehículo Land Cruiser en el que viajaban los tres diputados y su motorista.
Los legisladores Ramón González y Eduardo d’Abuisson viajaron junto a Pichinte porque, el primero, dejó su auto en El Salvador para que movilizaran a su hija que estaba próxima a parir un hijo, y d’Abuisson tenía su jeep doble tracción en el taller mecánico.
El vehículo en el que viajaban los diputados salvadoreños poseía un compartimiento secreto, mandado a construir por sus propietarios, para ocultar cargas que no querían llevarse en lugares convencionales.
Alentados por el dinero, en el crimen habrían participado no sólo los cuatro agentes policiales que fueron acusados y, posteriormente, asesinados en una prisión guatemalteca en condiciones misteriosas, sino también otros funcionarios que caminan libres o que, igualmente, fueron acribillados a balazos o están presos por otras razones, según la investigación.
Esos hechos son apenas parte de los resultados la pesquisa que fue desatendida, y posiblemente archivada en el interior de la CICIG, una organización fundada en el 2007 por un acuerdo entre el anterior gobierno guatemalteco encabezado por Oscar Berger y las Naciones Unidas. La investigación la realizaron prominentes profesionales dentro de los que se incluyen un ex juez antimafia de Italia que actualmente investiga crímenes de guerra en Kosovo y era, además, el jefe de investigaciones de la CICIG.
También formó parte de ese grupo una influyente fiscal costarricense, y un prestigioso investigador español que realizó importantes pesquisas en ese país para aclarar el asesinato del Obispo de Guatemala, Monseñor Juan José Gerardi. Una abogada suiza, un criminólogo y un policía chilenos y una experta sueca que llegaron a Guatemala a contribuir con la CICIG, conocieron de esas investigaciones.
Según los informes de ese grupo, firmados la mayoría de ellos por la fiscal costarricense, Gisele Rivera, tras conocer la presencia del dinero, un asesor del ex ministro de gobernación, Carlos Vielman y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), juntaron a miembros de la Unidad contra el Crimen Organizado de la policía guatemalteca para que interceptaran, y luego asesinaran, a los diputados salvadoreños.
Esas operaciones las habrían encabezado el venezolano Víctor Rivera, quien vivió muchos años aquí, y montó, en Guatemala, una estructura paralela de seguridad, y Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, como se dice en los documentos de la CICIG conocidos por Diario El Mundo.
Esos hombres también sospechaban que en el carro también viajaban 20 kilos de cocaína lo que alentó, aún más, a importantes autoridades a atentar contra los diputados.
Testimonios recabados por los investigadores, además de otras pruebas, también establecen que otros agentes policiales guatemaltecos ( además de los asesinados) participaron en el crimen y nunca fueron acusados. Para esos testigos se pidió protección internacional que nunca fue concedida por el ex comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana.
Fueron esos testigos los que mencionaron que Soto y Rivera estuvieron junto a los diputados, poco antes de ser ultimados.
Soto Diéguez se encuentra preso en Guatemala acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales de reclusos de la cárcel de Pavón. Rivera, un polémico investigador que también intentó crear en El Salvador una estructura de investigaciones criminales fuera de la institucionalidad, fue asesinado el 7 de abril del 2007 en la ciudad de Guatemala, poco después de reunirse con periodistas de ese país y confesarles que llevaba consigo secretos oficiales.
En la investigación que no se apoyó en la CICIG también se involucran con esos hechos al ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, al antiguo jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y al subjefe de ese cuerpo, Víctor Figueroa. Por los caminos que recorrieron los investigadores de la CICIG, muchos de los cuáles ya no están ahí, Vielman y la alta estructura de las autoridades de ese país estuvieron detrás del “tumbe” de dinero que se habría producido.
Los miembros de ese equipo comenzaron su trabajo en abril del 2007 investigando el asesinato del venezolano Víctor Rivera, quien fuera uno de los principales asesores del ex ministro Vielman. Luego se vieron obligados a conectar otros casos como las muertes en las cárceles de Pavón e “Infiernillo”, además de otros hechos delictivos como la muerte de los diputados salvadoreños.
Todas las pesquisas los llevaron, sin embargo, a concluir, por lo menos hasta enero de este año, que los casos vinculaban, entre sí, a importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que tenían hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones, secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.
Con esos resultados en la mano, los investigadores pretendieron cambiarle el rumbo a las pesquisas oficiales en el caso de los diputados. Incluso, le pidieron al ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana que les permitiera plantear acusaciones diferentes por la muerte de los salvadoreños, principalmente por considerar obstruida la justicia.
Cuando arrancaron las investigaciones, recibieron el apoyo del ex comisionado Carlos Castresana, como lo dicen, pero luego se sintieron abandonados por el penalista español.
Eso produjo una serie de renuncias que finalmente desarticuló buena parte del grupo examinador de la CICIG, según lo confirmó El Mundo. “Entre el 2004 y el 2008, el ex ministro Carlos Vielman, durante el período presidencial de Oscar Berger, en concertación con otras personas más, dentro de los que se incluyen jefes policiales, el venezolano Víctor Rivera, fiscales y otros personajes, realizaron una actividad criminal continuada. Realizaron varias ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de tres diputados salvadoreños y los cuatro agentes policiales involucrados de haber participado en el caso Parlacen”, dijo a El Mundo la fiscal costarricense, Gisele Rivera.
La funcionaria, quien se reincorporó a la fiscalía costarricense después de dejar su cargo en Guatemala, dice que en esos casos acumularon “elementos de prueba incontestables, tales como testigos”. En Guatemala se juzga, actualmente, a un ex diputado guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de unirse para dar muerte a los diputados salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano.
Supuestamente ambos usaron agentes policiales y a personajes privados para cometer el crimen, como parte de una supuesta venganza . Los investigadores de la CICIG no creyeron en esa versión. Plantearon otro camino que el ex comisionado Castresana supuestamente desatendió.
El Mundo se comunicó, por correo electrónico con el español, quien actualmente ocupa un cargo en la Fiscalía General de España para consultarle sobre su conducta en este caso. Inicialmente accedió a hacerlo pero, posteriormente, no respondió más mensajes de este diario.
El dinero en el auto
En los informes que recibió Carlos Castresana, quien renunció a su cargo en agosto pasado, se dice que el dinero fue tomado por Soto Diéguez en la finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador, donde fueron asesinados los diputados.
Con la ayuda de otros agentes que participaron en la operación contra los diputados, el dinero fue llevado en un auto hasta un “car wash” localizado en la zona cinco de la ciudad de Guatemala.
Uno de los hombres que ayudó a cargar hasta el carro las dos maletas en que supuestamente se había colocado el dinero, contó a los investigadores que abrió una de ellas y miró la enorme cantidad de dinero. Otro exclamó, según las pesquisas, que se trataba de cinco millones de dólares. El dinero, según los documentos examinados por Diario el Mundo, fue tomado por Soto mientras a los diputados los mantenían en un pequeño cuarto de la finca, con sus cabezas envueltas en bolsas plásticas.
Todavía estaban vivos.
El tema del dinero atribuido a Pichinte, lo preguntó Diario El Mundo, al ex jefe policial Rodrigo Ávila.
El ex funcionario dijo a El Mundo: “es que Pichinte llevaba dinero. ¿Qué tanto?…no lo sé. ¿Un millón?…No lo sé. Supuestamente iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Él estaba haciendo negocios en ese país. Él llevaba un ataché pero no sé cuánto dinero llevaba”.
Para la costarricense Gisele Rivera, las referencias al dinero obligaban a prolongar las investigaciones hacia El Salvador, principalmente por los testimonios que recibieron que fijaban las miradas en Pichinte y sus negocios.
La fiscal costarricense, quien ahora investiga en su país otro supuesto soborno recibido por el ex gobernante Miguel Angel Rodríguez, de una reaseguradora londinense, y el investigador español Rafael Villamón, le pidieron permiso al español Carlos Castresana para extender sus investigaciones en El Salvador, fueron desautorizados. Les obligaron a no dar ese paso. Por eso es que, un fin de semana, Rivera y Villamón viajaron, a título privado, a San Salvador y se entrevistaron con Rodrigo Ávila, para hablar del crimen tras aclararle al ex jefe policial salvadoreño que el comisionado Carlos Castresana, no les oficializó el viaje.
Avila le confirmó a El Mundo sobre el viaje de los dos funcionarios de la CICIG y recuerda que los dos profesionales le aclararon la calidad privada que le dieron a su llegada a San Salvador. Los tres hablaron por horas sobre el crimen de los diputados nacionales..
Para el grupo investigador de la CICIG, en El Salvador se encontraban muchas de las claves para descifrar el asesinato de los tres diputados al Parlacen y su motorista. El problema es que les cerraron las puertas oficiales, supuestamente por orden de Castresana.
La principal pregunta que se hacían los examinadores del caso era: ¿Si los testigos hablan de esa importante suma de dinero…de dónde se tomó, para quién iba ese dinero y qué actividades rodeaban su origen?
Rodrigo Ávila dijo que él jamás le encontró al ex diputado Pichinte ninguna fase oscura en sus negocios. Tampoco nexos con el narcotráfico internacional. El ex presidente Antonio Saca, quien gobernaba el país mientras sucedió el asesinato, dijo, en una ocasión, a este periodista, que su homólogo Oscar Berger, le dijo, en una ocasión, que la muerte de los diputados obedecía a un problema de narcotráfico pero tampoco nunca le probó nada.
Cuando El Mundo le preguntó a Ávila si el ex ministro de gobernación de Guatemala, Carlos Vielman, le habló algo de ese dinero, respondió que era Víctor Rivera ( uno de los líderes de las primeras investigaciones oficiales, aunque involucrado por los investigadores de la CICIG con las muertes) quién le insistía que Pichinte tenía negocios con Manuel Castillo, el ex legislador que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de los diputados salvadoreños. Pero, asegura que nunca le probó nada.
¿ Por qué Rivera insistía en eso? Se desconoce. De ser cierto lo que Rivera le dijo a Ávila, la participación de Manuel Castillo, un ex diputado guatemalteco que es juzgado por el crimen de los diputados a pedido del también ex diputado Roberto Carlos Silva, habría pasado de socio a exterminador.
Rivera llevaba, entre sus cejas, el nombre de Manuel Jesús Castillo desde que se produjo el asesinato de los legisladores salvadoreños ante el PARLACEN.
Prueba de eso es que, cuando el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, acudió, en febrero del 2007, en compañía del ex jefe de la policía de El Salvador, Rodrigo Ávila, a comunicarle al antiguo mandatario Oscar Berger, la participación de cuatro agentes policiales en el crimen de los nacionales, en ese encuentro participó Vìctor Rivera.
El venezolano se desempeñaba como un importante asesor de Vielman. Desde entonces Zacarías le dijo a Berger que Castillo estaba involucrado en el asesinato. Eso sucedió apenas dos días después del crimen.
Pero los investigadores de la CICIG siempre insistieron que Rivera, y otros funcionarios del anterior gobierno guatemalteco, siempre estuvieron involucrados en la muerte de los diputados y su motorista. El móvil era el dinero y, supuestamente, 20 kilos de cocaína que se transportaban en el auto.
Lo que habría sucedido
Varios de los informes del grupo investigador contratado por la ONU y que conoce el Diario El Mundo, muestran que testigos importantes del caso, a quienes se pedía sacar a Estados Unidos o Canadá, nunca negaron que los cuatro agentes policiales muertos participaron en la intercepción ilegal de los diputados salvadoreños, William Pichinte, Ramón González y Eduardo d’Abuisson , y de su motorista Gerardo Ramírez.
Eso ocurrió cerca del centro comercial La Pradera, de la ciudad de Guatemala. Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa Elena de Barillas.
Pero, un informe elaborado el 28 de julio del 2009 por el grupo investigador y entregado al español Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, menciona que el Ministro de Gobernación del gobierno de Oscar Berger, Carlos Vielman, el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), Víctor Hugo Soto Diéguez, y el venezolano Víctor Rivera, conocían que los diputados viajarían a la ciudad de Guatemala para incorporarse a las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano.
Todos ellos habrían participado como parte de una estructura criminal que operaba dentro del Ministerio de Gobernación y la policía. Desde adentro cometieron asesinatos, secuestros, extorsiones y robos hasta de drogas.
Dentro de los hombres que se utilizaron para capturar a los diputados el lunes 19 de febrero del 2007 se incluyeron a José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen y Luis Arturo Herrera. Estos hombres fueron capturados dos días después de cometido el crimen, delatados por videos hechos por cámaras en un centro comercial y una gasolinera localizada en la carretera que lleva a El Salvador.
También los delató un sistema de localización satelital localizado en el auto Toyota Yaris, propiedad de la policía, que utilizaron ese día para interceptar a los diputados y llevarlos a la finca donde los asesinaron.
Pero, además de ellos, Soto habría utilizado otros hombres como Marvin Contreras Natareno, quien es juzgado en el caso que se examina en Guatemala, y otros que quedaron lejos de las investigaciones oficiales.
Contreras Natareno fue detenido después de pasar varios días en un hotel de la ciudad de Guatemala, cuya cuenta la pagó el Ministerio de Gobernación. Fue presentado ante los tribunales guatemaltecos después de permanecer, literalmente desaparecido durante cuatro días en manos de autoridades de ese país. Lo llevaron ante los tribunales luego que sus compañeros fueran asesinados.
Aunque prefirió no declarar en las etapas previas del proceso, las investigadores de la CICIG temieron, en su momento, que pueda estar muy influenciado por el asesinato de sus compañeros y alguna petición para que callara hechos. Contreras Natareno declaró en el juicio en el que se le juzga y reprodujo la tesis del funcionamiento de la estructura de crimen organizado dentro de las principales instituciones de seguridad guatemaltecas.
Los cuatro agentes policiales ( Herrera, Gutiérrez, Langen y López) fueron detenidos, en medio de una convulsa rebelión dentro de la policía guatemalteca.
Lo paradójico para los indagadores es que, a pesar de que Soto Diéguez y Víctor Rivera estuviesen involucrados en el crimen de los diputados, fueran ellos quienes encabezaron las investigaciones oficiales sobre el asesinato.
Soto fue el primero que acusó a esos cuatro agentes como jefe de la DINC guatemalteca. Eso ocurrió a pesar de que fue él quien autorizó que los cuatro agentes utilizaran el auto Yaris en el que interceptaron a los diputados.
El vehículo nuevo, y sin placas, lo utilizaba un funcionario de la sección de informática de la policía. Soto autorizó que se lo trasladaran a los hombres que estaban bajo su mando. A pesar de eso, la fiscalía guatemalteca jamás lo investigó por el asesinato.
De acuerdo con los investigadores de la ONU, no debió permitirse que Soto Dieguez, preso ahora en Guatemala por exterminar reos en una prisión, fuera uno de los hombres que guiaron las investigaciones principales contra los cuatro agentes policiales que, muy pocos días de ser detenidos, fueron asesinados en la cárcel de Pavón. Los cuatro agentes fueron detenidos, en el Ministerio de Gobernación, con la intervención no sólo de Soto Diéguez sino también del venezolano Víctor Rivera, tras un sórdido encuentro en el que el ex jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, fue testigo cercano.
Una vez que fueron detenidos esos cuatro agentes, Dany Benítez, uno de los hombres más controversiales de la policía guatemalteca, grabó un video con su teléfono en el que Luis Herrera le grita al venezolano Rivera , en el momento de su detención, que los traicionaron y que si los detienen “¡por Dios que van a saber de nosotros!”. (el video puede verse en Youtube si se busca por “Caso Parlacen, policías capturados”).
Cuatro días después de ser detenidos, los cuatro agentes fueron asesinados en la cárcel de Pavón en circunstancias extrañas en el que testigos miraron entrar carros oficiales, cargados de hombres armados, luego de cortarse la electricidad y el agua.
La fiscalía guatemalteca acusó a un grupo de mareros de cometer el crimen pero rápidamente fueron absueltos en abril del 2008. No encontraron ninguna prueba contra ellos. El crimen quedó impune pero las sospechas de un decreto obligado de silencio que significara la muerte queda aún en el aire.
Aparece “Zacarías”
El mismo día del asesinato de los agentes policiales, Víctor Rivera llegó a la frontera de El Salvador desde donde intentó localizar a Rodrigo Avila, en ese entonces jefe de la policía salvadoreña.
Rivera, a quien apodaban como “Zacarías”, viajaba en varios vehículos oficiales acompañado de hombres armados. Sus primeros contactos telefónicos los hizo desde la frontera con Guatemala a eso de las dos de la tarde. Rivera utilizó a un colaborador cercano de Ávila para tratar de localizarlo. Pedía un encuentro urgente con él en San Salvador.
Ávila se encontraba, ese domingo, en un convivio en la casa del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Calderón.
Como “Zacarías” insistía en contactar a Ávila, uno de sus colaboradores le aconsejó al ex jefe de la policía que no lo recibiera. Entonces, Rivera (“Zacarías”) acabó reuniéndose con José Luis Tobar Prieto, el subjefe de la policía salvadoreña. En ese encuentro que apresuradamente buscó Rivera, el venezolano únicamente mostró unas fotografías y contactos telefónicos que ya se conocían en El Salvador.
Mientras estaban en la reunión, llegó la noticia, desde Guatemala, pasadas las seis de la tarde, sobre el exterminio de los cuatro agentes que participaron el crimen de los diputados salvadoreños, en la cárcel de Pavón.
Era domingo y esa inesperada visita de Rivera la confirmó a El Mundo el Ing. Rodrigo Ávila. Para los investigadores de la ONU, es muy probable que el venezolano ya sabía lo que iba a ocurrir con los cuatro agentes policiales y corrió a deslindarse de los hechos apareciéndose en San Salvador sin cita previa. Para algunos esa fue una jugada perfecta para que nadie le atribuyera la desaparición de los agentes que habían amenazado con contar lo que hacían él y otras autoridades guatemaltecas.
Otros implicados
Pero, los problemas para Víctor Rivera, quien era uno de los asesores principales del ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, no comenzaron con esa visita no anunciada a El Salvador, de acuerdo con los informes del grupo investigador de la CICIG que no fue atendido en Guatemala. Los profesionales obtuvieron el testimonio de un hombre que participó en toda la operación contra los diputados salvadoreños.
El testigo menciona que en la escena del crimen no sólo estuvo Soto Diéguez, sino que también llegó Víctor Rivera, acompañado de su asistente, María del Rosario Melgar Martínez. Supuestamente ambos llegaron a confirmar las órdenes para que se matara a los diputados y a su motorista.
Si algo ha quedado claro, en este caso, es que fueron varios los autos que ingresaron a la finca donde fueron asesinados los diputados. Algunos de ellos no fueron identificados nunca.
María del Rosario, conocida como Mary Ro, también fue investigada por los expertos de la ONU que metieron sus narices en el caso PARLACEN. Ella acompañaba a Rivera la noche en que lo acribillaron a balazos en una calle de la ciudad de Guatemala, dos meses después del asesinato de los diputados salvadoreños. Ambos viajaban en un auto propiedad de Rivera.
Supuestamente, el día en que mataron a “Zacarías”, María del Rosario resultó herida de un balazo en el atentado que le cegó la vida a Rivera. Sin embargo, la investigación de los miembros de la CICIG demostró que la bala, ni el detalle de las lesiones o curaciones sufridas por la mujer, nunca fueron acreditadas en el expediente judicial por los médicos del hospital San Juan de Dios, donde, inicialmente, fue atendida. La mujer fue trasladada, posteriormente, a otro hospital y las pruebas médicas tampoco aparecieron.
María del Rosario, quien siempre acompañaba a Rivera ( incluso en su no anunciado viaje a El Salvador), fue sacada de Guatemala, después del asesinato de Rivera, por el ex fiscal de delitos contra la vida, Alvaro Matus, sin consultar ni informar a la CICIG mientras se investigaba el crimen del venezolano.
Ahora se sabe que la asistente de Rivera supuestamente recibió $100 mil en una cuenta bancaria en Bahamas por colaborar con el asesinato de Rivera. Matus era, precisamente, el jefe del fiscal Edwin Marroquín, quien actualmente lleva sobre sus espaldas la acción acusadora que se realiza en Guatemala contra Castillo y Silva. En los documentos de ese equipo investigador se plantean serias dudas sobre el trabajo realizado por ambos fiscales, en el caso PARLACEN. Por eso insistían en darle otro curso al juicio por obstrucción de la justicia. Desde el primer día de las investigaciones sobre la muerte de los diputados salvadoreños, Matus tomó asiento de primera fila en las indagaciones. Se desempeñaba, en ese entonces, como el fiscal encargado de los delitos contra la vida.
En el caso de Matus, los jerarcas de la CICIG sí decidieron acusarlo, algún tiempo después de renunciar varios de los miembros del grupo investigador, por obstrucción de la justicia en el caso del asesinato de Víctor Rivera.
En la acusación formal se dice que destruyó pruebas para encubrir el crimen de Rivera porque manejó con negligencia la escena del crimen, permitió la desaparición de un maletín que llevaba el venezolano consigo con varios expedientes, e impidió que se hicieran importantes allanamientos de lugares vitales para el esclarecimiento del asesinato. Esos allanamientos estaban autorizados por el juez .
La acusación contra Matus se sembró sobre la base de las pesquisas del grupo investigador encabezado por el juez antimafia italiano, que era el jefe de investigaciones de la CICIG, por la fiscal costarricense y un investigador español. Todos ellos renunciaron cuando Castresana no quiso impulsar los nuevos caminos sobre el crimen de los diputados salvadoreños.
En una conversación sostenida con el ex jefe de la policía salvadoreña, Ing. Rodrigo Ávila, quien fue una pieza clave, en Guatemala, para apresar a los primeros cuatro agentes policiales involucrados en el crimen, recuerda que siempre que él pedía que se detuviera a los subordinados de Soto Diéguez, Matus le respondía: “es que no podemos”.
La decía que necesitaban una orden de captura judicial. Ávila le insistía que los cuatro agentes se habían amotinado junto con otros policías, y habían sacado pistolas para impedir que se los detuvieran. Para el salvadoreño esos hombres podían ser detenidos en flagrancia. Parte del problema, según Ávila, es que Matus “trabajaba de la mano con Víctor Hugo Soto Diéguez”. Para él, el fiscal estaba “untado en otros casos” y posiblemente le pidieron ayuda para manejar el asunto de las muertes a su antojo.
Ávila recordó, incluso, que mientras su equipo investigador permanecía en Guatemala, averiguando la muerte de los diputados, hombres de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), siempre los seguían. En algún momento, a algunos de los principales colaboradores de Ávila los trataron de interceptar, cerca del obelisco localizado a la entrada principal de la ciudad de Guatemala, y casi se arma una refriega en ese lugar.
Incluso, al equipo de Ávila le pusieron como hombre de enlace que coordinara con ellos las tareas investigadoras a Dany Benítez, un agente policial, hombre de confianza del ex subjefe de la policía, Javier Figueroa (oculto en un país europeo), y del venezolano Víctor Rivera.
Todavía faltan más
Otro testigo que se incluye en los informes del grupo investigador de la CICIG que luego se alejó de Castresana, dice que en el lugar donde mataron a los diputados no sólo se encontraba Dany Benítez sino también su hermano José Benítez. Ambos habrían participado en el exterminio de los diputados, cumpliendo órdenes de Rivera. Algunos meses después los hermanos Benítez fueron asesinados en Guatemala. Ambos forman parte de un numeroso grupo de personajes conectados con esos casos que han sido asesinados en condiciones extrañas. Los testigos también relataron a los investigadores de la CICIG que en la muerte de los diputados también participó Axel Martínez, quien se encuentra preso relacionado con tareas del narcotráfico internacional. También está acusado de asesinar, extrajudicialmente, a un prófugo carcelario llamado Edwin Estuardo Santacruz. Éste huyó de la cárcel del “Infiernillo”. Lo recapturaron pero jamás lo regresaron a la prisión. Apareció muerto.
A ellos se sumaría en la escena del crimen Ronny Torres Bustamante conocido como Amílcar Franco, alias “El Malandrín” o “El 15”. Él también era un hombre cercano a Rivera.
Por eso es que el grupo investigador de la CICIG concluyó que varias personas que participaron en el crimen quedaron, deliberadamente, fuera del caso.
