Ante el anuncio del Presidente de la República de El Salvador, Sr. Mauricio Funes Cartagena, en relación a las instrucciones dadas al Ministro de Hacienda para que se revise y reajuste la figura tributaria de Impuesto al Patrimonio de los grandes capitales con el fin de financiar gastos de seguridad, y al posible veto del decreto legislativo aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa que exime a los más ricos del país la obligación de declarar sus patrimonios, MANIFESTAMOS:
La violencia que vive nuestro país la sufren día a día los sectores más empobrecidos y excluidos, quienes pagan el más alto costo, en todos los sentidos, dado que es en los sectores más vulnerables quienes sufren las muertes, pagan la renta al Estado, el IVA, la extorsión y el alto costo de la vida.
Los recursos con que el Estado cuenta actualmente para el área de seguridad, como en todas las demás, son insuficientes, sin embargo; ante esta ola de violencia y los altos costos que le genera a la población salvadoreña, creemos necesario el fortalecimiento de las entidades encargadas de la persecución del delito y la administración de justicia, pero más preciso aún, es aumentar significativamente el presupuesto destinado a programas de prevención de la violencia.
La principal responsabilidad en torno a la situación de inseguridad recae principalmente en aquellos evasores y elusores de impuestos que impiden en cierto modo que se puedan destinar recursos necesarios para solventar los problemas sociales como la desnutrición, el hambre, el desempleo, vivienda, educación, etc. y siguen evadiendo su responsabilidad social con argumentos trillados y poco coherentes con la realidad nacional, con la amenaza de salir del país o argumentando que será poco atractiva para la inversión extranjera .
Más ingresos en las arcas del Estado para el área de seguridad no disminuirán y erradicarán la delincuencia, si su destino final es el ejército o la continuidad de los enfoques represivos en el tratamiento de la violencia que no ha dado resultados positivos en administraciones anteriores, en donde lejos de disminuir los índices de violencia se han incrementado de forma significativa. Este incremento en el presupuesto deberá utilizarse para la elaboración y ejecución de una política integral de prevención de la violencia que incluya el trabajo en la reconstrucción del tejido social, en procesos de reconciliación comunitarios, en aplicaciones de modelos alternativos de resolución de conflictos, recreación, educación, salud, procesos de rehabilitación, inserción, reducción del daño, entre otros.
Por lo anterior, el Comité Nacional de El Salvador de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Solicita al presidente de la República Mauricio Funes Cartagena:
• A vetar el decreto legislativo que pretende dirimir la obligación de declarar el patrimonio.
• Que establezca un impuesto al patrimonio para los grandes capitales, que permita financiar el área de seguridad en materia de prevención y programas sociales en los municipios del país más empobrecidos y más afectados por la violencia.
• Que con los fondos que se obtengan del Impuesto Patrimonial, se diseñen y ejecuten Políticas Públicas integrales que, además de enfrentar sus efectos en lo inmediato, contemplen superar las causas generadoras de la violencia y la criminalidad.
• A trabajar en la reconstrucción del tejido social, procesos de reconciliación comunitarios, aplicaciones de modelos alternativos de resolución de conflictos, recreación, educación, salud, rehabilitación, inserción, reducción del daño, entre otros; y
• Continúe con el proceso de depuración y saneamiento de las instituciones estatales que permita una modernización, fortalecimiento y reorganización de las mismas con un porcentaje de los recursos que se generen producto del Impuesto al Patrimonio.
San Salvador, 16 de noviembre de 2010.
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