Septiembre,15, de 2010
Ante la situación de violencia que vive nuestro país y los acontecimientos ocurridos del 7 al 10 de septiembre, donde los y las salvadoreñas tuvimos que enfrentarnos nuevamente al temor y la inseguridad, las organizaciones de sociedad civil abajo firmantes, expresamos:
Que condenamos enérgicamente el uso de la violencia y del terror como mecanismos de presión, ya que estos afectan de manera profunda la estabilidad del país y vuelven más vulnerable a gran parte de la población salvadoreña, generando temor y desinformación.
En El Salvador se han priorizado las estrategias represivas para el combate a la violencia, sin darle la suficiente importancia al tratamiento de ésta, de manera integral, coordinada y articulada con los diversos sectores. Desde el año 2003, con la implementación del Plan Mano Dura y el Plan Súper Mano Dura, en el 2004, hasta agosto de 2010, El Salvador ha sufrido el asesinato de 28,974 personas (según datos de
la Policía Nacional Civil y la Mesa Técnica). A pesar de ello, y ante la probada ineficacia de estrategias puramente represivas, reconocida por el mismo gobierno en funciones, el Órgano Ejecutivo sigue apostando por medidas que enfatizan el uso de la fuerza, a través de la aprobación y sanción por parte del Presidente de la República de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones y organizaciones de naturaleza
criminal, la cual desde su elaboración ha generado dudas en la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, respecto a su aplicación, y donde sociedad civil organizada no ha sido consultada ni tomada en cuenta para el análisis y la discusión de esta propuesta.
Las organizaciones sociales, que hemos trabajado por la priorización de un abordaje integral del problema de la violencia, que retome la prevención, la reducción y reparación del daño, la rehabilitación y la inserción social, así como la persecución y la sanción del delito, deseamos expresar nuestra preocupación y rechazo ante la aprobación de una ley que criminaliza a las personas y estigmatiza más a la juventud salvadoreña, que son en su mayoría las víctimas de la violencia, y que además no muestra elementos claros de aplicación ante el trabajo que las organizaciones sociales nos encuentramos realizando en prevención, rehabilitación e inserción social de jóvenes en pandillas, papel que ha sido abandonado en gran parte por las instituciones gubernamentales y que las ONG’s han retomado con sus escasos recursos.
Como organizaciones que defendemos y trabajamos por el respeto a los Derechos Humanos, y en este contexto de violencia, inseguridad y decantamiento por medidas represivas, nos parece sumamente preocupante y peligroso el tratamiento que los medios de comunicación han hecho de la imagen y la integridad del Padre Antonio Rodríguez, manipulando sus declaraciones, desacreditando la labor de once años de trabajo en el tema y exponiendo su persona al escrutinio público. Consideramos que los
medios de comunicación representan un papel fundamental en la opinión pública, por lo
que creemos importante reforzar la responsabilidad social en éstos para evitar la desinformación y el uso de estrategias de generación de temor en la población alvadoreña.
En El Salvador y en la región centroamericana existe actualmente una tendencia a la formulación y la aplicación de leyes y reformas fuertemente represivas, que se orientan a disminuir las garantías constitucionales y el respeto de los Derechos Humanos. A esta situación se le está sumando una mayor participación del ejército en tareas de seguridad pública, llevando a militarizar la región y a restar importancia a la necesidad de depurar a las policías de cada país, mejorando y especializando la investigación del delito.
Ante este contexto regional y nacional, las organizaciones sociales hacen un llamado al
Presidente de la República Mauricio Funes Cartagena, y le demandan:
- Garantizar que las leyes y políticas a implementarse tengan como orientación el respeto a los Derechos Humanos de cada ciudadano y ciudadana en El Salvador. Debe ser alarmante para un gobierno el retroceso en su legislación en el tema de Derechos Humanos.
- Desarrollar políticas públicas de Estado que se encuentren orientadas a la prevención de la violencia, reducción y reparación del daño, rehabilitación e inserción sociolaboral, que cuenten con un enfoque integral, intersectorial, articulado y coordinado.
- Garantizar el acceso a la información pública, de manera veraz, oportuna y transparente, para que la sociedad civil organizada pueda hacer una auditoría social y la realización de un monitoreo y seguimiento estricto a la aplicación de la Ley de proscripción.
- Que con igual urgencia e ímpetu se trabaje la Ley de rehabilitación e inserción social, la cual debe respetar los Derechos Humanos de las personas que buscan una salida distinta a la violencia y garantizar oportunidades reales y dignas de desarrollo.
- Garantizar que la construcción de los marcos jurídicos para El Salvador esté caracterizada por un amplio proceso de consulta a diversos sectores, incluyendo a sociedad civil organizada con un trabajo reconocido en el tema.
- Respetar y garantizar la seguridad a la integridad del Padre Antonio Rodríguez y de los miembros de las organizaciones e instituciones defensoras de Derechos Humanos por parte del Gobierno de la República de El Salvador.
- Que se solicite a los medios de comunicación mayor responsabilidad social en el uso de la información, que evite abonar al temor de la población en momentos críticos del país y que presente con objetividad la información pertinente.
Hacemos un llamado a la sociedad civil para trabajar en conjunto por la construcción de una verdadera cultura de paz que nos permita atacar las causas sociales, económicas y políticas de la violencia, y no a las personas que la sufren.
Servicio Social Pasionista
Centro de las Casas
Equipo Nahual
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