15/01/2010
Organizaciones civiles de Nicaragua protestaron el día 14 frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir a los magistrados dar trámite a un recurso de inconstitucionalidad contra la penalización del aborto terapéutico en el país centroamericano.
Martha Blandón, representante del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, dijo este jueves a la prensa que los magistrados no se han puesto a trabajar para resolver un recurso contra la penalización del aborto terapéutico.
La Asamblea Nacional aprobó la penalización del aborto terapéutico en diciembre del 2006, al incluirla en el nuevo Código Penal, lo cual desató protestas de grupos feministas que respaldan esa modalidad de aborto para salvar la vida de la mujer.
"A los magistrados le hemos traído hasta la CSJ los ataúdes simbólicos expresando la muerte de las mujeres, y las cifras de féminas fallecidas desde que se instauró la penalización del aborto terapéutico, pero no nos hacen caso", aseguró Blandón.
Según los organismos feministas en el país, la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua pone en peligro la vida de niñas y mujeres, al negarles tratamiento para salvar sus vidas, e impidiendo a profesionales de la salud realizar esa practica.
De acuerdo con cifras de estos organismos de mujeres, al menos 33 niñas y mujeres murieron en 2009 durante el embarazo, en comparación con las 20 fallecidas en el mismo periodo del 2008.
La líder feminista agregó que la cifra más alta de muertes de niñas y mujeres de escasos recursos económicos por haberse penalizado el aborto terapéutico, están en la Costa Atlántica nicaragüense y el norteño departamento de Matagalpa.
En tanto, el organismo internacional Amnistía Internacional consideró en el 2009 que estas cifras son sólo un mínimo, ya que el propio gobierno de Nicaragua ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas se registran.
El nuevo Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y mujeres que quieran practicarse un aborto, y también para los profesionales de la salud que presten servicios asociados con el aborto.
Además, la justicia nicaragüense también castiga a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, porque en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del inducido. (Xinhua)
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