CEMUJER informa sobre su nuevo correo electronico...

Estimadas amigas y amigos queremos informarles que debido a problemas técnicos que ha tendido la empresa que nos administraba nuestra cuenta de correo electrónico nos hemos visto obligadas a cambiar nuestra dirección, ahora nos pueden escribir a cemujer@cemujer.com por favor compartir esta información....

La impunidad, principal enemiga del acceso a la justicia para las mujeres.

La denuncia por violencia de género ha tenido una tendencia a aumentar, sobre todo con la entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), los esfuerzos de sensibilización impulsados por el movimiento de mujeres desde hace más de 25 años y la labor del actual gobierno, que ha promovido la denuncia y la sensibilización en la prevención de la violencia de género a través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, sigue siendo un reto importante el acceso a la justicia de la población en general y especialmente para las mujeres.
Una de las principales limitaciones para poder identificar la ruta crítica del acceso a la justicia para las mujeres es la falta de articulación entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial en la emisión de datos y en el cumplimiento del principio de integralidad establecido en la LEIV. No obstante, algunos reportes periodísticos y memorias de labores nos brindan alguna información al respecto.

En La Prensa Gráfica del 24 de mayo del 2013 se reporta una tendencia a la reducción de denuncias, pero en algunos delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres se observa un aumento de las denuncias, como es el caso del delito contra la libertad sexual, que pasaron de 1,675 entre enero y marzo de 2012 a 1,779 en el mismo período del año 2013, y de los Delitos Relativos a las Relaciones familiares, que pasaron de 1,030 en el primer trimestre de 2012 a 1,114 en el primer trimestre de 2013.
En la Memoria de Labores de Fiscalía General de la República, correspondiente a los años 2011-2012, se destacan como casos emblemáticos, “sin precedentes”, los expedientes abiertos a los menores de edad, Mario P., de 14 años, y Henry J., de 16 años, quienes fueron declarados responsables del delito de feminicidio agravado, en perjuicio de la vida de Digna Emérita Orellana. Este caso se convirtió en el primero en que se aplicó la LEIV, que entró en vigencia en enero de 2012.
La Memoria de Labores de la Fiscalía dice que “El miércoles 5 de junio, la Fiscalía solicitó ante la Asamblea Legislativa, el antejuicio y petición de desafuero contra el diputado de GANA y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Samayoa, por los ilícitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra las mujeres”. Aunque en este caso la Asamblea acordó el desafuero del Diputado para que fuera sometido a un proceso judicial, el mismo quedó en libertad. Samayoa apeló ante la Corte Suprema de Justicia, que consideró los cargos como delitos menos graves y resolvió favorablemente para que el Diputado fuera restituido en su cargo.

Simbólicamente la decisión de la Corte Suprema es un mensaje para que cualquier funcionario público ejerza violencia contra las mujeres con impunidad, puesto que queda implícito que los cargos de poder predominan sobre la necesidad social de sentar precedentes para que ningún hombre, sea cual sea su condición, pueda ejercer violencia sin que la justicia lo proteja. Asímismo, independientemente de la resolución emitida por los respectivas instancias, la falta de notoria “honradez e instrucción” está totalmente evidenciada, requisito establecido en el artículo 126 de la Constitución de la República para ser Diputado.
La lentitud del proceso judicial se evidencia en datos de la Memoria de Labores mencionada, en la cual se reporta que de 12,085 delitos presentados a diferentes instancias por la Fiscalía en el año 2011, solo 5,359 tuvieron audiencia inicial o imposición de medidas. Aunque en la memoria de labores no se dice, es de conocimiento público que en muchas ocasiones las deficiencias en la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y en los procedimientos llevados a cabo por los jueces y juezas, constituyen limitantes para que los casos no lleguen ni siquiera a la audiencia o sean sobreseídos, sin que lleguen a una sentencia definitiva.
En este árido escenario de impunidad, las mujeres víctimas de la violencia y la discriminación de género, aunque cuentan con herramientas jurídicas, algunas políticas públicas y programas de organizaciones no gubernamentales que asesoran y acompañan procesos de denuncia, se confrontan con un Ministerio Público y con un Órgano Judicial que aún no asume en sus procedimientos la coherencia del discurso de algunos de sus altos funcionarios respecto a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
En el Diario El Mundo del 18 de junio 2013, se reporta que “de los 63 casos de feminicidios judicializados a nivel nacional, la Fiscalía reportó que en cinco casos los jueces se han negado a aplicar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y en otros han modificado la calificación de feminicidio agravado por homicidio”. También se dice que “en 16 meses de vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en El Salvador solo se han logrado 16 condenas por feminicidio agravado.”
Siendo evidentes las conductas de odio- misoginia hacia las mujeres, como el más reciente caso del hombre que torturó y quemó a su compañera de vida, es recurrente escuchar opiniones de abogados, abogadas, jueces, juezas y fiscales en contra de la LEIV, en la que se ha llegado al extremo de expresar que la misoginia es “intangible” o un concepto “incomprensible” e inaplicable a los procesos judiciales.
Esos funcionarios, que deberían ser destituidos o deberían renunciar a sus cargos por incompetencia y analfabetismo jurídico, subsisten en un sistema judicial ciego, sordo y mudo para las mujeres, puesto que sus malas conductas no se deben a un asunto procesal o cognitivo, sino al ejercicio de su poder sobre las mujeres, pues los pactos entre hombres se ejercen por generación espontánea. Muchos cierran filas porque consideran que el avance del ejercicio de derechos de las mujeres es una amenaza para su legitimidad y perpetuidad patriarcal.
No dudo de que haya juezas y jueces consecuentes con los avances sociales en cuanto a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. Pero la resistencia a dichos cambios es totalmente perceptible y tangible en casos emblemáticos, como el del Diputado Rodrigo Samayoa y el Gerente de Kia Motors, Dagoberto Gutiérrez, quien después de la evidencia del feminicidio cometido contra su esposa fue puesto en libertad por un juez que debería ser destituido e inhabilitado de su cargo.
La Asamblea Legislativa ha dado pasos importantes con la LEIV y la Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, ambas aprobadas durante la actual gestión de gobierno. Aunque falta mucho más por hacer, se han abierto espacios especializados de atención a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, el órgano judicial camina demasiado lento, con demasiada resistencia y con poca voluntad para cumplirle con su derecho a la justicia al 53% de la población salvadoreña, que son las mujeres.

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Patricia Iraheta

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente (Virginia Woolf)

Buscando formas NOVIOLENTAS para erradicar la VIOLENCIA.

La Secretaría de Cultura se juega en tiempo extra su Ley de Cultura.

Son 227 mil 500 dólares los que el gobierno de España ha aportado para que El Salvador cuente con una Ley y una Política de Cultura. El convenio determina plazos para la ejecución, y su incumplimiento injustificado obligaría a un reembolso. El plazo original venció en abril y la Secretaría de Cultura ya hace uso de prórroga, y aunque al gobierno le quedan 10 meses y medio de vida, los responsables no saben decir si podrán cumplir su tarea a tiempo.

 

María Luz Nóchez
elfaro.net / Publicado el 15 de Julio de 2013
http://www.elfaro.net/es/201307/el_agora/12662/

 

A finales de 2011, la Secretaría de Cultura de la Presidencia (Sec) y la Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) suscribieron un acuerdo que activó el financiamiento de parte del gobierno español para el proyecto de Ley Nacional de Cultura de El Salvador. El acuerdo daba 18 meses para la ejecución total, esos 18 meses se cumplieron el pasado 30 de abril. Sin embargo, el acuerdo otorga al beneficiario seis meses de gracia sin necesidad de una autorización. Estos seis meses vencen el próximo 31 de octubre. En los términos escritos en el acuerdo se explica que si no hay documento ni justificación que valide su ausencia, el gobierno deberá de reembolsar los 227 mil 500 dólares que le fueron otorgados. Ahora bien, el acuerdo también establece la posibilidad de solicitar una prórroga que correría después de los 6 meses de gracia, pero esta debe solicitarse oficialmente antes del vencimiento del período original de 18 meses.
Detalle de desembolsos y de los montos asignados para cada propósito del acuerdo suscrito.

En junio de este 2013, en una conferencia de prensa sobre otro tema, la secretaria de Cultura, Magdalena Granadino, respondió a una pregunta de El Faro sobre el estatus del proyecto de Ley, afirmando que el documento ya estaba en poder del departamento jurídico de Casa presidencial esperando que se le dé iniciativa de ley. Hasta la fecha, la presidencia no ha hecho este trámite ante la Asamblea Legislativa. El Faro intentó contactar al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, para confirmar las palabras de Granadino e indagar las razones por las que no ha habido aún iniciativa de ley, pero no se logró contactarlo ni en su oficina ni en su celular.

El proceso para el desarrollo de la Política Nacional de Cultural, que también auspicia este mismo convenio, dio muestras de vida durante las últimas semanas con la llegada al país del consultor cubano Lázaro Ródríguez Oliva, el mismo experto que desarrolló la Política Cultural de Integración Centroamericana (PCIC), encargada por el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y también financiada por el gobierno español. No se conocen aún los detalles de este proceso, ni la metodología, ni el calendario, tampoco si hay un compromiso firme de terminarlo dentro de las fechas del convenio, o, al menos, antes de que termine el gobierno de Mauricio Funes el 1 de junio de 2014. 

Para obtener información actualizada de la Sec sobre a los plazos del convenio, el viernes 12 de julio contactamos vía teléfono a Alejo Campos, director de relaciones internacionales y delegado de la institución para coordinar todo el proceso de la ley, quien declaró que en abril solicitaron la prórroga, tal como lo estipula la subvención, pero al preguntarle sobre el período solicitado, solo dijo que no lo recordaba con exactitud, pero que se pidió lo necesario para concluir los proyectos y que probablemente se extienda hasta 2014. Nos pidió que le enviáramos en un correo electrónico nuestra dudas y que nos respondería por ese canal. Así lo hicimos esa misma noche, y hasta el cierre de esta nota, no hemos obtenido respuesta a las siguientes preguntas formuladas:

1. Queremos que nos cuente cuándo y cuánto tiempo se solicitó al cooperante para concluir el proceso de elaboración tanto de la Ley como de la Política [de Cultura].

2. ¿Cuáles han sido las razones fundamentales por las que fue necesario solicitar la prórroga?

3. A esta Secretaría le restan 11 meses de gestión, ¿se comprometen a que para mayo 2014 ya será pública su propuesta de Ley y Política Nacional de Cultura?

4. La gente del FMLN nos ha adelantado que hay probabilidades de que la próxima semana se inicie la discusión de la metodología de trabajo a seguir en la comisión. Si la ley de la Secultura llega cuando ya ha iniciado la aprobación artículo por artículo, su documento podría perder la oportunidad de nutrir el debate de puntos fundamentales. ¿Cómo incide esto en sus tiempos?

5. ¿Han sido invitados por los diputados para participar durante todo el proceso o solo como parte en las consultas?

La salida en falso y la ventaja del Frente

El calendario del convenio para dotar al país de una Ley y una Política de Cultura inició con bastante puntualidad, y se mantuvo así hasta agosto del año pasado cuando, luego de una gran campaña de expectación, la institución decidió desligarse del borrador propuesto por el consultor colombiano Gonzalo Castellanos, a quien se le pagaron 10 mil dólares. Ni Granadino ni Campos han concedido entrevistas a los medios para hablar sobre ese proceso y la desestimación del documento. La única explicación que la titular de la institución ha dado es que “lo que estaba él (Castellanos) exponiendo no estaba totalmente de acuerdo con la realidad del país”.

Posterior a esa salida en falso, la institución pidió a los artistas que se organizaran por mesas para hacer llegar sus propuestas por medio de los directores nacionales. Curiosamente, aunque la Secretaría de Cultura nunca lo adoptó, una vez que el borrador apócrifo de Castellanos se filtró, se convirtió en el principal insumo de las mesas, incluso la misma funcionaria ha admitido que “Hay algunas (ideas que) sí eran viables, que sí están dentro”.

Hasta ahora, el único documento formal, público y con iniciativa de ley es el apadrinado por el FMLN, que el 19 de marzo fue presentado en la comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa. Según la agenda de la comisión, para que iniciara el proceso de la Ley Nacional de Cultura los diputados debían superar los pendientes con la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Con las reformas aprobadas en la plenaria del jueves 11 de julio, el anteproyecto de ley tiene vía libre y desde este martes 16 empezó a discutirse la metodología a seguir, lo cual incluye invitar a expertos en legislación cultural al seno de la comisión y un ciclo de consultas descentralizadas a nivel nacional con los distintos gremios artísticos.

Una vez que se cierren las consultas, el proceso indica que los diputados deben de iniciar la lectura y aprobación artículo por artículo. Si durante ese período no entra a la Asamblea otro anteproyecto de ley, no habrá un documento para comparar o contrastar lo propuesto por el FMLN. Es decir que si, por ejemplo, el debate artículo por artículo iniciara en noviembre 2013 y la ley de Secultura ingresara en febrero de 2014, el segundo documento deberá acoplarse al avance del análisis y aprobación de la comisión, y solamente se tomarán en cuenta para aspectos aún no analizados y aprobados, perdiendo así la facultad de incidir en la discusión completa de la ley que les ha tomado, hasta la fecha, 17 meses elaborar y una inversión de varias decenas de miles de dólares.

Lo que queda claro es que el FMLN no está esperando a que la Sec haga su tarea para seguir con el proceso. No obstante, no hay que olvidar que se trata de un gobierno en el que tiene participación el FMLN. Para explicar la dualidad y aparente duplicación de esfuerzos, Lorena Peña, secretaria de Cultura de su partido, dijo a El Faro en noviembre que "en la Secretaría de Cultura no hay funcionarios del Frente dirigiendo, o sea, que no es que estemos haciendo dos procesos. Nosotros partimos de que el ejecutivo tiene un trabajo sobre un proyecto de Ley que a nosotros nos parece muy interesante, y el FMLN, desde su perspectiva, también está trabajando un proyecto de ley".

El cuidado con hombres que leen o pasan por algunos talleres de masculinidad.

Hay que tener mucho cuidado con hombres que han leido sobre las nuevas masculinidades libre de violencias, han participado en algunos talleres o han sido sancionados por violencia, y que no han revisado bien su construccion de esa forma de ser hombre y asumido cambios en sus vidas, pueden usar el lenguaje no sexista, no misogeno para provocar atencion y buscar beneficios personales, ahora no usan violencia que se pueda medir o ver a simple vista, usan el chantaje o lo que llamamos micromachismos.... los hombres que atravienzan procesos metodologicos, revisan y cuestionan el modelo que los hizo hombres asumiendo compromisos para cambiar esos mandatos y aprendisajes son los que vamos paso a paso, dia a dia cambiando nuestra realidad para cambiar la de los demas.... hombres en proceso de cambio somos.

Decreto transitorio con dedicacion... quien las hace las imagina.

FESPAD, Julio8/2013.

En El Salvador, difamar, calumniar e injuriar es un delito. Lo dice la Constitución y lo dicen las leyes. Es un delito sin importar quien lo haga, ni contra quien se haga. Pero parece que esta realidad jurídica y ética es desconocida por los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, quienes en la madrugada del 26 de junio se apresuraron a aprobar el Decreto Legislativo 412.

 

Bajo el estridente y falaz título de Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás, las y los diputados decidieron aprobar estas disposiciones que resultan innecesarias por tratarse de aspectos que ya están regulados en otras normas ordinarias. A menos que sea la misma comunidad de partidos políticos la que se disponga a impulsar una campaña proselitista basada en el engaño y la difamación o tema que la población exprese abiertamente sus dudas y críticas sobre los oscuros manejos que han caracterizado a las administraciones gubernamentales de la derecha partidaria.

 

Pareciera que estamos ante un decreto hecho a la medida de ciertos intereses y no frente a una disposición general que vaya a ser aplicada de modo regular para toda la población. Triste pero certera realidad legislativa, que sucumbe ante los deseos e intereses de grupos minoritarios, pero poderosos.

Esa madrugada, en tan sólo dos artículos las y los diputados tomaron la decisión de poder multar hasta con 25 mil dólares a cualquier persona que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considere que está lesionando públicamente el honor, la imagen o la vida privada de toda persona, especialmente si se trata de alguien que se ha postulado – ni siquiera es necesario que se haya inscrito formalmente como candidato – a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esa multa la podrá imponer en menos de 72 horas (3 días) que se cuentan desde que se reciba una denuncia. En ese plazo, el TSE deberá oír a la parte denunciada y a quién esté difundiendo la comunicación (¿Se refiere a los medios de información y comunicación?), valorar las pruebas y dictar una resolución final. Adicionalmente, “sin más trámite” y en 24 horas, el TSE podrá ordenar que se suspenda la difusión del contenido que se repute como lesivo y exigir que le sean entregados los datos de identificación de quien haya firmado el contrato con el medio informativo que difundió el supuesto hecho difamatorio o calumnioso.

Este Decreto Legislativo es curioso, pero además peligroso, por varias razones. En primer lugar porque fue aprobado, como suele suceder, en una madrugada y sin ninguna discusión; sabemos que tomó por sorpresa a algunos diputados y algunas diputadas.

En segundo lugar porque regula de forma expedita una serie de asuntos delicados que ponen en riesgo la libertad de expresión y los derechos de comunicación de la población; todo medio de información y comunicación no se escapará de un objetivo temor de que las noticias que difunda, puedan caer en las categorías altamente subjetivas que este decreto regula; sobre todo porque quienes valorarán si una noticia es injuriosa o no, es un cuerpo colegiado compuesto por cinco personas, tres de ellas provenientes de los mismos partidos políticos que estarán en la contienda presidencial.

Y en tercer lugar, porque – como ya dijimos – este Decreto, parece que tiene signo de origen en el partido GANA, que es el principal instrumento electoral del ex-Presidente Elías Antonio Saca. Este partido logró el acompañamiento del FMLN y de los demás partidos representados en la Asamblea Legislativa, a excepción de ARENA que ante este Decreto, se ha desgarrado las vestiduras haciendo una crítica superficial, oportunista y electoral. Llama poderosamente la atención que esta propuesta nazca de este candidato presidencial, ya que el Señor Saca, desde su posición de empresario de la información al frente de uno de los más poderosos grupos radiofónicos del país y como dirigente de la gremial que aglutina a los medios informativos comerciales, ha mantenido una férrea oposición para que existan regulaciones normativas en materia del derecho a la comunicación. La consigna predilecta de este sector ha sido siempre que la mejor ley para la libertad de expresión es la que no existe¡ Y ahora está proponiendo que sí se debe regular lo que los medios difunden! Lo menos que la población puede pensar es que algo se quiere ocultar con esta apresurada, innecesaria e incoherente decisión legislativa.

La sociedad civil está luchando para que los medios de comunicación tengan un marco regulatorio sólido y democrático para ampliar la participación y la diversidad en el concierto mediático del país; nunca para atemorizar, amordazar o minimizar las posibilidades expresivas de la población, tal como puede provocarse con este infeliz decreto legislativo. La lucha por la democratización de las comunicaciones que ya se ha iniciado en nuestro país, pretende que circulen todas las ideas, no sólo las que convienen al mercado. La sociedad debe tener mecanismos para debatir, criticar, denunciar, proponer y exigir.

El celo que deberían demostrar las y los diputados no es contra de quien expresa su opinión, sino en contra de quienes prevaleciéndose de sus posiciones de poder, han utilizado el aparato estatal para su propio beneficio. Hacia ellos y ellas debería ir dirigida toda la energía normativa que emane de la Asamblea Legislativa. El pueblo no necesita recurrir a la mentira ni a la difamación para expresarse, pero quizás en esta malograda decisión legislativa, ha prevalecido el sello de la desconfianza que se expresa en la vieja idea de quien la hace, la imagina.

ONU: Embarazo de menores de 14 años es violencia sexual.

Por La Nacion

El 20% de los nacidos vivos se da entre las de 10 y 19 años.

“En la edad de 10 a 14 años es definitivamente inaceptable hablar de embarazos, puesto que la relación que generó la fecundación es siempre clasificable como violencia sexual”, expuso Manuelita Escobar Argaña, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), durante el conversatorio con senadores denominado “Planificar el futuro de las adolescentes, un reto para el desarrollo”. El encuentro fue en el edificio Naciones Unidas, en el marco de las acciones por el Día Mundial de la Población.

Al respecto, informó a los parlamentarios que en el año 2009 hubo 590 niñas embarazadas, en el 2010 fueron 555 y en el 2011 un total de 611 partos. “Esto es extremadamente crudo, niñas y adolescentes de 10 a 14 años no deberían de estar en estas estadísticas, o menos aún cargando en sus brazos a sus hijos, pero lastimosamente es nuestra realidad como en varios país de la región”, expresó Escobar.

Entre las chicas de 15 a 19 años es mucho mayor aún el número de embarazos, que también necesitan una atención por parte del Estado, la diferencia con el primer grupo etario es que en este grupo el número de embarazos fue disminuyendo. Las estadísticas muestran que en el 2009 se reportaron 20.931 partos, en el 2010 un total de 20.347 y en el 2011 hubo 19.315 embarazos.

“Sumados ambos grupos etarios, es decir de 10 a 19 años de edad, los embarazos representan el 20% de los nacidos vivos, una situación continua desde hace varios años consecutivos”, precisó.

Sostuvo que esta es una situación que necesita mucha atención por parte de todos los estamentos del Estado. “Son niñas que están desatendidas, porque las menores de 14 años embarazadas, no son fruto de un consenso o deseo a tener un hijo, sino que es consecuencia de una violencia sexual. Esta es la parte que queremos trasmitir, la gravedad del caso”, enfatizó la profesional.

“De acuerdo a las estadísticas sobre la mortalidad materna, el 2,13% corresponde a menores de 14 años, hasta setiembre del 2012. Del 2010 y el 2011 se duplicó el número de muerte maternas en el grupo de adolescentes de 10 a 14 años”, precisó.

http://www.lanacion.com.py/articulo/133546-onu-embarazo-de-menores-de-14-anos-es-violencia-sexual.html

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Fecha: 12 de julio de 2013 a las 08:37

 

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Cuerpos cautivos. Violadas y Embarazadas. ¡Aborto libre, seguro y legal para todas las Belén.

 

Belén tiene 11 años y está embarazada. Durante dos años experimentó abusos y violaciones por parte de la pareja de su madre, sin que nadie se diera cuenta o sin que nadie hiciera nada para evitarlo. El caso, recién denunciado y que circula en prensa nacional e internacional, avergüenza a la sociedad chilena y, sobre todo, avergüenza al Estado chileno que se ha negado, porfiadamente, a derogar la legislación punitiva que prohíbe la interrupción legal del embarazo en cualquier circunstancia. Incluso en este, en que una niña violada debe enfrentar un embarazo impuesto por la fuerza, con las consecuencias que ello puede acarrear en su vida y su salud.

La violación sexual cobra especial gravedad cuando afecta a menores de edad -en la vasta mayoría niñas atacadas por varones de su círculo familiar más cercano- por su dificultad para rechazar y denunciar el ataque. En algunos sectores sociales el incesto es considerado como parte de las relaciones “normales” que se establecen entre un padre o padrastro y su progenie, mientras la madre calla y acata. Estas relaciones incestuosas e impunes sepultan para siempre el futuro de estas niñas-madres, dramas que se hunden en el silencio e indiferencia social. Un embarazo indeseado, impuesto por la fuerza, no constituye sino la prolongación de la violencia, y contribuye a un mayor deterioro en la salud mental de la mujer o niña abusada. Ningún discurso moral, ético ni religioso puede justificar tal trasgresión a la integridad corporal y psíquica de la niña abusada.

Mientras en países como Uruguay se avanza a legislaciones progresistas y más humanas que reconocen la autodeterminación de las mujeres frente a un embarazo, y se rechazan propuestas regresivas que intentan su derogación, Chile sigue siendo uno de los escasos países del mundo que no permiten el aborto en ninguna condición, condenando a las mujeres a maternidades impuestas o a abortar en condiciones de riesgo y clandestinidad.

La interrupción del embarazo por razones terapéuticas existió en el país desde 1931, pero fue derogado en 1989 tras una negociación directa de la alta jerarquía de la Iglesia Católica con la Junta de Gobierno presidida por el dictador Pinochet, poco antes del término de su gobierno de facto. En la vuelta a la democracia, los sucesivos gobiernos se han negado tozudamente a incluir en sus agendas la reposición del aborto terapéutico ni han apoyado propuestas legislativas que buscan despenalizar, en abierta contravención con compromisos asumidos por Chile en la Conferencia de Beijing, que en el párrafo 106, letra k, de su Plataforma de Acción, llama a revisar las leyes punitivas contra mujeres que abortan. Y pese a recibir recomendaciones directas en este sentido del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Comité de la CEDAW. El peso del lobby eclesiástico ha sido determinante para esta situación que subordina y desconoce a las mujeres como sujetas de derecho.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, como parte activa de los movimientos sociales que luchan por un Chile más justo, exige y confronta a los poderes del Estado para que asuman sin dilaciones su responsabilidad de proteger la vida, salud y derechos de las pequeñas violadas. En primer lugar, cautelar el derecho a la salud que le asiste a todo ser humano, y que en estos casos está amenazada por la corta edad de las niñas, ya que sus organismos no tienen la madurez para llevar adelante un evento reproductivo como un embarazo y parto. Y, por sobre todo, llama a respetar el derecho humano de toda mujer y niña a la libertad y autonomía reproductiva.

Hay muchas Belén en Chile, cuyos cuerpos siguen siendo cautivos de la violencia machista y de la violencia institucional que les niega el aborto legal por violación.

¡BASTA YA! ¡ESTADOS LAICOS, PERSONAS LIBRES!

¡TODAS SOMOS BELEN! ¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!

Firmas organizaciones

Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, AFLD

Comité de Servicio Chileno, COSECH

Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Fundación Instituto de la Mujer

Observatorio de Equidad de Género en Salud

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Colectivo Conspirando

Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH

Fundación Margen

Educación Popular en Salud, EPES

La Ciudad de las Diosas

Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

MODEMU, Movimiento por los Derechos de la Mujer

Colectivo Agar

Centro Social Quidell de la región del Maule

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer-CEDEM

Mesa Intersectorial de prevención VIH,SIDA,ITS y temáticas asociadas de la zona sur oriente

Red Entrelazando - MenEngage Chile

Campaña del Lazo Blanco Chile

EME y Cultura Salud, Chile
Observatorio de Sociedad y Género de la V Región, Chile
OTD, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad

Firmas individuales

Angela Neira Muñoz, Consultora y Editorial Académicas, Bolivia. Activista feminista, Chile.

Mariela Infante Erazo, socióloga Corporación humanas.

Carolina Ibacache C. Feminista de Valparaíso

Roxana Valdés Vergara, Feminista de Santiago

Silvia Morales, feminista

Claudia Echeverría, socióloga, feminista

Carmen Gloria Bravo, Encargada de Extensión Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile

Josaphat Jarpa, Facultad Evangélica de Teología de Chile CTE Iván Pérez Alcaíni, Profesor, Santiago, Chile
Karina Sánchez Villegas, Trabajadora Social, Santiago, Chile.

INSTITUCIONALIDAD SECUESTRADA POR NEGOCIACIONES, IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN.

 

POR EL RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD EN LA ELECCIÓN DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las instituciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que abajo firmamos, respetando nuestras diferencias y articulándonos en la diversidad, preocupadas por el debilitamiento de la Institucionalidad Democrática y el Estado Constitucional de Derecho que impacta de manera negativa en la plena vigencia de los Derechos Humanos, queremos dejar constancia de nuestro posicionamiento ante el actual proceso de elección de Procurador o Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos que realiza la Asamblea Legislativa.

Al respecto exponemos:

1. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es piedra angular en la construcción de una sociedad en respeto a los derechos humanos y parte de la institucionalidad democrática dentro de un Estado Constitucional de Derecho para velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos en El Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es el producto del sacrificio de miles de salvadoreños y salvadoreñas y de las aspiraciones históricas de una sociedad basada en la justicia y la paz, que fueron recogidas de manera prioritaria en los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992.

2. La institucionalidad democrática en nuestro país se ha visto amenazada con insistencia y contundencia por parte de grupos de poder, algunos de ellos representados en partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa, que pretenden secuestrarla a su conveniencia a través de negociaciones y acuerdos de repartición de cuotas partidarias de la administración pública, en franco irrespeto al marco constitucional de nuestro país.

3. En la actualidad nos encontramos en pleno proceso de elección de la o el titular de la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, en este ejercicio electoral que se verifica en el Órgano Legislativo, advertimos indicadores preocupantes que dejan entrever que de nuevo estamos frente a una elección basada en “acuerdos políticos” que no son otra cosa que la negociación de conveniencias partidarias y con ello pasar por encima de parámetros y requisitos constitucionales

o que deja en vulneración a la institucionalidad misma y por ende a la garantía constitucional del respeto a los derechos humanos.

4. Alertamos sobre estos indicadores de nuevas componendas y llamamos a la comunidad nacional e internacional para frenar estos intentos de secuestro de la institucionalidad de derechos humanos en  el pais.

 

5. Como instituciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y parte del mandante y soberano que es el pueblo, DEMANDAMOS a la Asamblea Legislativa un comportamiento apegado a la Constitución:

 

a. Procesos apegados a parámetros Constitucionales, con transparencia, publicidad del proceso, participación ciudadana, sustanciación y acreditación de la pertinencia e idoneidad de candidatas y candidatos, igualdad de oportunidades en la postulación y selección, cumplimiento de lo establecido en la Ley de Igualdad, Equidad y erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, independencia partidaria y de Órganos de Estado tanto en el proceso como en los requisitos de candidatas y candidatos.

b. Procesos no viciados de: componendas o acuerdos políticos partidarios, aritméticas legislativas, distribución de cuotas de poder en las instituciones públicas, etc

.

c. Perfil de candidatas y candidatos tomando en consideración criterios como: transparencia, independencia, probidad, competencia, experticia, no vinculación partidaria, actuación probada en materia de derechos humanos, enfoque de género, actuaciones alejadas de misoginia, homofobia, descalificación, no discriminación genérica, por razones de edad, etnia, orientación o identidad sexual o diferencia de cualquiera otra naturaleza.

6. Consideramos que en la medida en que la sociedad y las diferentes organizaciones asumamos con responsabilidad y proactividad nuestro rol contralor de forma independiente, articulada y sin presiones de grupos de poder, podremos impactar de mejor manera en frenar la corrupción e impunidad y en el fortalecimiento de la plena vigencia de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el Estado Constitucional de Derecho en El Salvador.

SIN RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD,

NO HAY RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

 

San Salvador, 4 de Julio de 2013

Asociación Atlacatl Vivo Positivo

Asociación Hombres Contra la Violencia

Centro Bartolomé de las Casas

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer

(CLADEM)

Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con o sin VIH (COMCAVIS TRANS)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU).

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER

Conferencia de prensa, no mas impunidad y corrupcion.

EL SALVADOR: Reducen trabajo infantil en cosecha de caña.

Por Oscar Lopez

 

El trabajo en la cosecha de caña es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil; por lo que, tanto la Asociación Azucarera de El Salvador y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), han impulsado medidas para erradicarlo.

Mario Salaverría, presidente de la asociación azucarera, afirmó que en 2013 se logró reducir en 90 por ciento el trabajo infantil en la cosecha de caña de azúcar. La meta es en 2015 erradicar el trabajo infantil en la zafra.

Los azucareros afirmaron que desde 2002 ejecutan diferentes proyectos para lograr cero presencia de niños en la corta de caña y en aquellas labores que por ley sean prohibidas.

Al respecto, Humberto Centeno, ministro de Trabajo, aseguró que en años anteriores era mayor la presencia de niños que “acompañaban a sus padres” en la zafra, esto incrementaba el número de niños con padecimientos respiratorios y quemados.
“Iniciamos el trabajo con el sector azucarero y logramos un convenio en el que se comprometían a retirar a los niños de esa actividad peligrosa, en eso hemos avanzado bastante”, aseguró el funcionario.

Tanto los azucareros como autoridades del MTPS reconocen que aún existe un 10% de niños que trabajan en la cosecha de caña, pero los que participan de esta actividad lo hacen sin el permiso de los propietarios de los ingenios o de las cooperativas dedicadas a dicho cultivo.

Datos proporcionados por el MTPS indican que, antes de que se implementaran las medidas para erradicar el trabajo infantil, en la zafra existían unos 20 mil niños que laboraban en la cosecha de caña, los que se redujeron a un promedio entre un mil y 2 mil niños que se dedican a dicha actividad.

El ministro Centeno explicó que el trabajo infantil en general ha disminuido, esto debido a los diferentes programas implementados por el Ministerio de Educación (MINED), que permiten un mayor grado de permanencia escolar.

“Desde que se les da su merienda, el vaso de leche, uniformes, zapatos y sus útiles escolares, muchos niños ahora estudian, ya no trabajan; antes no iban a la escuela y debían de trabajar”, argumentó Centeno.

Asimismo, el ministro de Trabajo afirmó que la institución que dirige trata de concienciar a los padres, para que los niños no se dediquen únicamente a trabajar, sino que les brinden la oportunidad de continuar con sus estudios. “La prioridad para nosotros es que los niños estudien”, concluyó.

http://www.diariocolatino.com/es/20130626/nacionales/117231/Reducen-trabajo-infantil-en-cosecha-de-ca%C3%B1a.htm

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Fecha: 28 de junio de 2013 a las 09:37

 

 http://alianzaportusderechos.org/article/el-salvador-reducen-trabajo-infantil-en-cosecha-de/#sthash.FaxPxAUI.dpuf

Cambiar los encargos patriarcales en los hombres es posible.

Estoy muy seguro que muchos hombres podemos cambiar los encargos patriarcales si nos sometemos a procesos de decodificacion y revision de esos mandatos patriarcales impuestos desde antes de nacer el cambio individual no existe, debe de ser colectivo por que asi fuimos contruidos....

La equidad de genero para los hombres y mujeres...

En el tema de equidad de genero las mujeres van a mitad del rio.... los hombres ni siquiere logramos ver el rio....

28 de junio, dia nacional de la prueba de VIH.

A primera hora estare en FUNDASIDA haciendome la prueba, esperamos puedan visitar y hacerse la prueba en cualquier unidad de salud y otras organizaciones que prestaran ese servicio gratuito...

 

 EXTIENDE TU BRAZO, CUIDA TU VIDA!!!

El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son casos de violencia machista.

El 30% de la población femenina ha sido en algún momento agredida física o sexualmente por su pareja, según la OMS

María Sosa Troya

 

Fuente: OMS. / EL PAÍS

 

El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo no se debe a robos callejeros, o situaciones de guerra, no: son perpetrados por sus parejas o exparejas, una cifra "alarmante", según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primer estudio global sobre la violencia física o sexual contra la población femenina elaborado por este organismo revela que un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido o sufrirá violencia a manos de su compañero sentimental en algún momento de su vida.

 

La OMS define la violencia física o sexual contra la población femenina como "un problema de salud pública de proporciones epidémicas". El informe Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud —publicado por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica— determina que el 35,6% de las mujeres ha sufrido agresiones a manos de su pareja o de alguien que no es su pareja —en algunas zonas, como el continente africano, esta cifra se eleva al 45,6%—. En su mayor parte, son casos de violencia machista. Es significativo que el 29,4% de las chicas de entre 15 y 19 años haya sido maltratada por su compañero o excompañero sentimental, lo cual refleja que este problema se inicia muy pronto en las relaciones de pareja.

 

 

 

Claudia García Moreno, trabajadora de la OMS y una de las autoras del informe, explica que el estudio presentado este jueves supone una revisión de todas las cifras que ya se habían publicado —recabados a través de encuestas, información facilitada por los Gobiernos, etcétera—. Han pasado cuatro años recolectando y analizando documentación de 81 países para calcular los datos de violencia conyugal —desde los noventa, cuando comenzaron a obtenerse datos, hasta 2011— y de 56 países para los casos de violencia fuera de la pareja —desde 1998 hasta 2010—.

García Moreno aclara que, como las cifras que ofrece este estudio se obtienen de comparar regiones donde no siempre se contabilizan estas agresiones con el mismo rigor o se usan distintos formularios y baremos, han ajustado sus estimaciones de tal forma que en el cómputo global han dado más peso a los estudios más recientes que empleen metodologías actualizadas. "No siempre es fácil una comparación directa, pero hemos logrado adaptar los datos. Además, en los últimos años hemos notado cómo cada vez disponemos de información que nos resulta más útil porque se van unificando criterios a la hora de elaborar los formularios", comenta.

 

La OMS reclama más estudios sobre la violencia fuera del seno de la pareja. "Necesitamos que más países midan este tipo de violencia y estudien los mejores instrumentos de medición que estén disponibles", expone el doctor Naeemah Abrahams, del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. Aun así, con los datos disponibles los autores del informe han calculado que el 7,2% de la población femenina ha sufrido este tipo de agresiones en algún momento de su vida. Llama la atención que, según el estudio, el porcentaje sea mayor en los países desarrollados (12,6%) que en regiones como el Sudeste asiático (4,9%) o el Pacífico occidental (6,8%). García Moreno aclara, sin embargo, que hay que tomar estas cifras con cautela porque en estas últimas zonas la violencia sexual sigue estigmatizada, y muchas mujeres no se atreven a denunciar, ya que se sienten avergonzadas e incluso culpables.

Los efectos de la violencia en la salud

El estudio menciona las muchas enfermedades o padecimientos asociados a estas agresiones, como la mayor probabilidad de dar a luz a bebés por debajo del peso recomendado, de padecer una depresión, de tener problemas con el alcohol o sufrir un aborto; además aumentan los contagios de enfermedades de transmisión sexual.

El porcentaje de hombres muertos a manos de sus parejas, un 6%, contrasta con el caso contrario, el de mujeres que son víctimas mortales de sus compañeros sentimentales: un 38%. En algunas regiones, como el Sudeste asiático, más de la mitad de los crímenes contra mujeres (el 55%) son cometidos por sus cónyuges.

Los autores del informe remarcan la importancia de que por primera vez se haya realizado una revisión sistemática y una síntesis de datos científicos a nivel global y regional sobre la prevalencia de estas dos formas de violencia contra la mujer. "A partir de ahora nos será más fácil comparar datos por regiones y ver cómo evolucionan las cifras y los métodos para recabar información, algo que hasta este momento nos había resultado imposible", cuenta García Moreno, quien anima a reforzar los esfuerzos para prevenir las agresiones, concienciar la población y mejorar la asistencia a las víctimas. De hecho, la OMS también ha presentado este jueves una guía para que médicos y enfermeras sepan cómo atender a las mujeres que sufran este tipo de agresiones.

Accion y reacion: no mas violencia por la orientacion sexual e identidad de genero.

POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA INMINENTE Y APRESURADA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN -AdA- ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL SALVADOR.

Las organizaciones abajo firmantes, ante la amenaza de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y El Salvador (ADA), con profunda preocupación, a la opinión pública expresan:  

I. ANTECEDENTES  

1. Después de un proceso inconsulto, turbio y sin ninguna participación ciudadana, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) fue suscrito por El Salvador, en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 2012. 
2. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo -PE- avaló el Acuerdo de Asociación negociado con Centroamérica. El Parlamento Europeo, conformado por representantes de las 27 naciones de la UE, aprobó el acuerdo con 564 votos a favor. Cien miembros votaron en su contra y 16 se abstuvieron de votar.
3. El 3 de abril de 2013, el viceministro de Economía, el viceministro de Comercio e Industria, y el Canciller de la República, presentaron el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ante la Asamblea Legislativa para su ratificación, tal y como lo dispone el ordinal 7º del artículo 131 de la Constitución de la República. 

II. EL ADA y sus impactos

 

4. El AdA en esencia es un tratado de libre comercio. Aunque contiene otros dos pilares relacionados con cooperación y diálogo político su énfasis es comercial. A través del pilar comercial del AdA la Unión Europea busca equiparar los privilegios contenidos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés); y que actualmente ya gozan las empresas estadounidenses.
5. Si bien la Unión Europea se caracterizó en el pasado por la cooperación solidaria con la región, sobre todo en la época de conflictos armados, en la última década el énfasis de su política es comercial. En ese sentido, el AdA es un instrumento político que responde al interés de la Unión Europea de ampliar su influencia hegemónica en Centroamérica, en disputa entre bloques económicos por el control de mercados y los recursos productivos, coherente con la visión de la “Europa Global”[1]
6. El AdA busca avanzar en la construcción de un ordenamiento jurídico que facilite el desempeño de las corporaciones europeas que operan y operarán en Centroamérica, a través del establecimiento de un marco que les permita competir más favorablemente con las transnacionales estadounidenses y de otras regiones.
7. El Acuerdo presentado a la Asamblea Legislativa para su ratificación contiene normas sobre acceso a mercados, contratación pública, inversiones, comercio transfronterizo de los servicios y propiedad intelectual, de lo cual los y las salvadoreñas no somos ajenos, ya que hemos sido testigos cómo la empresa Pacific Rim ha recurrido al CAFTA RD, para demandar al Estado salvadoreño ante un centro de arbitraje internacional por no permitir la explotación de la dañina minería metálica. 
8. Estas normas comerciales tienden a proteger a las empresas transnacionales en detrimento de los derechos humanos de la población y del medio ambiente, sobre todo porque no da un tratamiento adecuado a las claras asimetrías entre Europa y nuestros países. Lo cual se agrava por el hecho que el AdA establece un doble estándar de protección: mientras el pilar comercial tiene mecanismos coercitivos para hacerlos cumplir, el pilar de derechos humanos tiene mecanismos débiles, que más bien son expresiones exhortativas, que hacen imposible lograr resultados favorables a los pueblos. Este hecho ha llevado a que incluso los socialdemócratas en Alemania hayan objetado el acuerdo en el Parlamento alemán. 
9. Conforme el art. 145 Cn, la Asamblea Legislativa no puede ratificar tratados que violen la Constitución, a excepción que haga las reservas en el tratado. Pese a esta prohibición, el CAFTA-DR[2] se aprobó sin reservas. Actualmente, está pendiente que la la Sala de lo Constitucional resuelva sobre varias demandas de constitucionalidad del CAFTA RD. 
10.  Cualquier tratado comercial debería someterse a una discusión amplia en los distintos sectores sociales desde el proceso de negociación por parte del Órgano Ejecutivo ya que un acuerdo de esta magnitud no es de exclusiva competencia de los empresarios; debe ser comprensible y participativo con todos los sectores.
11. Vemos con preocupación que sólo ha sido consultada la cúpula empresarial, y es hasta esta última etapa de ratificación que se ha abierto una consulta a otros sectores sociales, cuando ya es limitado lo que se puede cambiar; pero además, no se ha hecho del conocimiento y muchos menos se ha discutido con las comunidades urbanas, rurales e indígenas quienes serán las principales víctimas de llegar a ser aprobado. Ni los empresarios ni las Ongs representan a la población.
12. No debe suceder lo mismo que cuando se ratificó el CAFTA-DR, ocasión en que no hubo ni siquiera lectura del mismo, mucho menos discusión objetiva, seria y participativa de su contenido.

En base a lo anterior, DEMANDAMOS

            1.- Exigimos a la Asamblea Legislativa dar cumplimiento a lo dispuesto en el     artículo 145 de la Constitución de la República, el cual prescribe que “No se             podránratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera  las       disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las          reservas correspondientes.  Las disposiciones del tratado sobre las cuales se      hagan las reservas no son ley de la República.”

2.- En este sentido, exigimos que no se ratifique el Acuerdo de Asociación enviado por el Gobierno.

3- Finalmente, hacemos un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a que resuelva oportuna y favorablemente la demanda de inconstitucionalidad que fue admitida en contra del CAFTA-DR. En relación a ello hay que recordar que el artículo149 de la Constitución de la República estipula que “La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado  contrarias a los preceptos constitucionales, se ejercerá por los tribunales dentro de la potestad de  administrar justicia.  La declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado, de un modo general y obligatorio, se hará  en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos.” 

San Salvador, 10 de junio de 2013.-

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[1]     Comisión Europea (2006): "Europa Global: Compitiendo en el Mundo", Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 4 de octubre. COM(2006) 567 final.

[2]     Aprobado el 17 de diciembre de 2003. Ratificado en la madrugada del 17 de diciembre de 2004, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo el FMLN.