Decreto transitorio con dedicacion... quien las hace las imagina.

FESPAD, Julio8/2013.

En El Salvador, difamar, calumniar e injuriar es un delito. Lo dice la Constitución y lo dicen las leyes. Es un delito sin importar quien lo haga, ni contra quien se haga. Pero parece que esta realidad jurídica y ética es desconocida por los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, quienes en la madrugada del 26 de junio se apresuraron a aprobar el Decreto Legislativo 412.

 

Bajo el estridente y falaz título de Disposiciones transitorias para promover la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República, sin afectar los derechos de los demás, las y los diputados decidieron aprobar estas disposiciones que resultan innecesarias por tratarse de aspectos que ya están regulados en otras normas ordinarias. A menos que sea la misma comunidad de partidos políticos la que se disponga a impulsar una campaña proselitista basada en el engaño y la difamación o tema que la población exprese abiertamente sus dudas y críticas sobre los oscuros manejos que han caracterizado a las administraciones gubernamentales de la derecha partidaria.

 

Pareciera que estamos ante un decreto hecho a la medida de ciertos intereses y no frente a una disposición general que vaya a ser aplicada de modo regular para toda la población. Triste pero certera realidad legislativa, que sucumbe ante los deseos e intereses de grupos minoritarios, pero poderosos.

Esa madrugada, en tan sólo dos artículos las y los diputados tomaron la decisión de poder multar hasta con 25 mil dólares a cualquier persona que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considere que está lesionando públicamente el honor, la imagen o la vida privada de toda persona, especialmente si se trata de alguien que se ha postulado – ni siquiera es necesario que se haya inscrito formalmente como candidato – a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esa multa la podrá imponer en menos de 72 horas (3 días) que se cuentan desde que se reciba una denuncia. En ese plazo, el TSE deberá oír a la parte denunciada y a quién esté difundiendo la comunicación (¿Se refiere a los medios de información y comunicación?), valorar las pruebas y dictar una resolución final. Adicionalmente, “sin más trámite” y en 24 horas, el TSE podrá ordenar que se suspenda la difusión del contenido que se repute como lesivo y exigir que le sean entregados los datos de identificación de quien haya firmado el contrato con el medio informativo que difundió el supuesto hecho difamatorio o calumnioso.

Este Decreto Legislativo es curioso, pero además peligroso, por varias razones. En primer lugar porque fue aprobado, como suele suceder, en una madrugada y sin ninguna discusión; sabemos que tomó por sorpresa a algunos diputados y algunas diputadas.

En segundo lugar porque regula de forma expedita una serie de asuntos delicados que ponen en riesgo la libertad de expresión y los derechos de comunicación de la población; todo medio de información y comunicación no se escapará de un objetivo temor de que las noticias que difunda, puedan caer en las categorías altamente subjetivas que este decreto regula; sobre todo porque quienes valorarán si una noticia es injuriosa o no, es un cuerpo colegiado compuesto por cinco personas, tres de ellas provenientes de los mismos partidos políticos que estarán en la contienda presidencial.

Y en tercer lugar, porque – como ya dijimos – este Decreto, parece que tiene signo de origen en el partido GANA, que es el principal instrumento electoral del ex-Presidente Elías Antonio Saca. Este partido logró el acompañamiento del FMLN y de los demás partidos representados en la Asamblea Legislativa, a excepción de ARENA que ante este Decreto, se ha desgarrado las vestiduras haciendo una crítica superficial, oportunista y electoral. Llama poderosamente la atención que esta propuesta nazca de este candidato presidencial, ya que el Señor Saca, desde su posición de empresario de la información al frente de uno de los más poderosos grupos radiofónicos del país y como dirigente de la gremial que aglutina a los medios informativos comerciales, ha mantenido una férrea oposición para que existan regulaciones normativas en materia del derecho a la comunicación. La consigna predilecta de este sector ha sido siempre que la mejor ley para la libertad de expresión es la que no existe¡ Y ahora está proponiendo que sí se debe regular lo que los medios difunden! Lo menos que la población puede pensar es que algo se quiere ocultar con esta apresurada, innecesaria e incoherente decisión legislativa.

La sociedad civil está luchando para que los medios de comunicación tengan un marco regulatorio sólido y democrático para ampliar la participación y la diversidad en el concierto mediático del país; nunca para atemorizar, amordazar o minimizar las posibilidades expresivas de la población, tal como puede provocarse con este infeliz decreto legislativo. La lucha por la democratización de las comunicaciones que ya se ha iniciado en nuestro país, pretende que circulen todas las ideas, no sólo las que convienen al mercado. La sociedad debe tener mecanismos para debatir, criticar, denunciar, proponer y exigir.

El celo que deberían demostrar las y los diputados no es contra de quien expresa su opinión, sino en contra de quienes prevaleciéndose de sus posiciones de poder, han utilizado el aparato estatal para su propio beneficio. Hacia ellos y ellas debería ir dirigida toda la energía normativa que emane de la Asamblea Legislativa. El pueblo no necesita recurrir a la mentira ni a la difamación para expresarse, pero quizás en esta malograda decisión legislativa, ha prevalecido el sello de la desconfianza que se expresa en la vieja idea de quien la hace, la imagina.