Funcionarios del sector justicia expresaron a los diputados que la propuesta del Ejecutivo repite dsposiciones que ya están contempladas en otras leyes. Patricia Carías y Jimena Aguilar
El Faro
Publicado el 10 de Agosto de 2010
Representantes de la Corte Suprema, de los jueces y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) calificaron este martes a la propuesta de Ley Antipandillas como un esfuerzo innecesario para el combate a la delincuencia. Una de las principales fallas, dijeron, es que varios artículos del proyecto repiten conceptos y medidas ya existentes en otras normativas.
En la sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa participaron delegados de instituciones que tendrían que aplicar una eventual Ley Antipandillas. Aunque fueron varios los invitados que objetaron la pertinencia de la ley, fue el procurador Óscar Luna el más crítico hacia la pretensión de la Presidencia de la República de que exista una ley que criminalice la existencia de pandillas.
Las objeciones de Luna se centraron en la relevancia que tendría una ley que incluya medidas ya existentes si no se refuerza a las instituciones que estarían obligadas a aplicarla. “A mi juicio hubiese bastado con haber reformado el artículo 345 (del código penal), donde ya se habla de organizaciones ilícitas y no una ley especial“, comentó.
Las palabras de Luna encontraron resonancia entre los representantes de la Corte y de los jueces, quienes destacaron durante la reunión el traslape de algunos artículos del proyecto con otras regulaciones. Rosa María Fortín, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte, comentó en repetidas ocasiones que la mayoría de los artículos no aportan nada nuevo.
Además, advirtió que esta reiteración podría generar conflicto en la aplicación debido a contradicciones que presentan artículos de la Ley Antipandillas con respecto a otras leyes. “Hay que tener cuidado de que no se vaya a romper la armonía legal a la hora de aplicar las leyes”, dijo Fortín.
El debate tuvo como principales actores a Fortín, al representante de los jueces, Godofredo Salgado, al procurador de derechos humanos y a algunos diputados. Romeo Barahona, fiscal general, se limitó a comentar sobre la redacción de algunos artículos. El gran ausente fue el viceministro de seguridad, Henry Campos, quien delegó a una representante de la institución. Después de que había transcurrido la primera ronda de discusión entre los visitantes, el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, se dirigió a un empleado de la Asamblea: “Por favor haga una copia para todos, especialmente para el viceministro de Seguridad”, solicitó. En este punto Almendáriz enfatizó la ausencia del Campos, subiendo el volumen de su voz cuando dijo “especialmente para el viceministro de Seguridad”.
Esta discusión surgió después de que el 20 junio un grupo de pandilleros quemó un microbús con los pasajeros a bordo en Mejicanos. Un mes después la Presidencia de la República envió su proyecto de Ley Antipandillas a la Asamblea. La semana previa antes de las vacaciones de agosto la comisión tuvo la primera consulta, prácticamente con los mismos actores que estuvieron presentes en la reunión de este martes.
Luego de dos reuniones, la comisión está lejos de emitir un dictamen. Entre los miembros no hay acuerdo en los plazos en que debería haber un a ley, ni en los principales contenidos del proyecto y ni siquiera en el nombre de la normativa.
Los partidos Arena y PCN prentenden que esta semana surja un dictamen favorable. El arenero Ernesto Angulo aseguró que la comisión se reunirá este miércoles para seguir la discusión del proyecto de ley, tomando como insumo el debate de este día.
En cambio, Benito Lara, diputado del FMLN, dijo que el partido no está dispuesto a votar por un dictamen en la sesión plenaria de este jueves porque considera que aún falta trabajo para tener un documento final.
Cuando El Faro le preguntó si todavía consideraba que la ley es necesaria, Lara esquivó el cuestionamiento con una sonrisa y dijo: “Lo que está planteado es que hay disposiciones que están ya en otros cuerpos de ley, entonces tenemos que hacer toda esa discusion para llegar a esa conclusion de la ley, incluso de su nombre”.
Los desacuerdos también tienen que ver con el contenido de varios de los artículos de la ley, como el que plantea las medidas a tomarse respecto a los menores que pertenezcan a las pandillas. El procurador propuso eliminarlo, dado que ya se incluye en la Ley Penal Juvenil qué hacer con los menores. Fortín propuso adecuarlo a las normativas ya existentes.
El mismo problema surgió con otros artículos, como el 1 y el 10. En el primer caso la discusión giró en torno a la inclusión o no de los nombres de las pandillas y en el segundo sobre cuáles serán los indicios que probarán que alguien pertenece a uno de estos grupos. Para la procuraduría, los jueces y los magistrados dichas reglas de evidencia ya forman parte del nuevo Código Procesal Penal que está en elaboración
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