Boletín de prensa.
Las organizaciones sociales firmantes que con su labor intentan contribuir a la prevención de la violencia, la participación ciudadana –con énfasis en la de niñas, niños, adolescentes y jóvenes– y la defensa de los derechos humanos, manifiestan su solidaridad incondicional con las víctimas de la violencia imperante en El Salvador por la falta –desde hace más de veinte años– de políticas públicas integrales orientadas a la inclusión social y a la efectiva impartición de justicia sin ningún tipo de distinción.
Según datos de la Fiscalía General de la República y la Mesa Técnica integrada por dicha institución, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, del 2003 a la fecha han sido asesinadas más de 28,000 personas; sólo en el 2009, fueron 4,367 las víctimas. Eso, pese a la ejecución de los planes Mano Dura en el 2003 y Súper Mano Dura en el 2004.
En ese escenario, con recursos precarios, la sociedad civil organizada ha desarrollado programas de prevención, reducción del daño, rehabilitación e inserción social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Dichos esfuerzos se han realizado no obstante las acciones represivas de los distintos gobiernos y con la casi nula participación de sus instituciones públicas en la solución de este problema.
Además, sistemáticamente, estas organizaciones han propuesto estrategias de intervención integrales y respetuosas de los derechos humanos que no fueron tomadas en cuenta por las administraciones anteriores.
El gobierno actual reconoció inicialmente la ineficacia de las leyes y los planes de corte exclusivamente represivo, los que consideró una “herencia” deplorable y el punto de partida para un verdadero “cambio”. Pese a eso, el presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena –ante la justificada presión social por la gravedad de la situación– de manera impulsiva y populista ha presentado un anteproyecto de Ley de Proscripción de Pandillas o Maras y Grupos de Exterminio, junto a una propuesta de reforma al artículo 345 del Código Penal, con el cual actualmente se castiga las agrupaciones ilícitas.
Como sus antecesores, el mandatario está actuando de forma errada al abordar la violencia con medidas limitadas en sus reales efectos, estigmatizadoras, simplistas y violatorias de los derechos humanos, tanto de las víctimas de los hechos delictivos y la impunidad, como de aquellas producto de atropellos cometidos por agentes estatales.
Además, la propuesta presidencial pone en riesgo el trabajo de las organizaciones sociales ya que –según un borrador de la misma– a través de formulas subjetivas y ambiguas se promueve la persecución de toda persona y organización relacionada directa o indirectamente con los grupos criminalizados. En cuanto al artículo 9 del anteproyecto, se debe señalar que viola la garantía constitucional y procesal de la presunción de inocencia.
La ley y la reforma propuestas no consideran su aplicación práctica real por la falta de eficiencia y efectividad fiscal, las limitaciones en la investigación policial, los niveles de impunidad judicial y el hacinamiento en los centros penales.
El gobierno central ha intentado legitimar sus iniciativas mediante la “consulta” a diversos sectores. En dicho marco, la sociedad civil organizada fue la última en ser convocada a un espacio limitado de participación, poco representativo y con una exposición ligera de las propuestas, sin posibilidades de que los aportes brindados sean tomados en cuenta.
Frente a la situación crítica de violencia y las propuestas de corte punitivo presentadas por el Órgano Ejecutivo, las organizaciones sociales firmantes:
1. REITERAMOS su solidaridad con las víctimas de la violencia, la criminalidad y la impunidad, exigiendo una pronta y efectiva impartición de justicia en el marco de legislación vigente.2. EXIGIMOS al Estado una labor permanente enfocada en la evaluación y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar el delito e impartir justicia, sin importar quién sea el criminal y la víctima así como el estrato social al que pertenezcan.
3. URGIMOS elaborar una estrategia social, política y económica para enfrentar con éxitos en el corto, mediano y largo plazo, la violencia y la criminalidad; la misma no debe responder a intereses partidistas y populistas, ni partir de un enfoque estigmatizador e incurrir en inconstitucionalidades.
4. DEMANDAMOS generar verdaderos procesos de consulta y diálogo con la sociedad civil -con apertura a los medios de comunicación durante las reflexiones y los aportes- que permitan diseñar en conjunto políticas públicas integrales para reducir la violencia y la criminalidad, desde un enfoque de derechos humanos y el respeto de las garantías constitucionales.
5. EXIGIMOS respetar la labor legítima y lícita de las organizaciones sociales vinculadas por su trabajo a la situación de violencia, que en la medida de sus posibilidades contribuyen a superar los graves problemas que aquejan a la población excluida de los beneficios de las políticas públicas o afectada por sus deficiencias, especialmente, por no impulsar verdaderos procesos de rehabilitación e inserción social de personas en conflicto con la ley.
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