Julia Evelyn Martínez (*)
“Por supuesto que hay una lucha de
clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que la está haciendo
y la que la va ganando”.
Warren Buffet, 2009
La portada de El Diario de Hoy del pasado
17.01.2014 no pudo ser más elocuente: “GOBIERNO RETROCEDE Y APLAZA
COBRO ADUANAL”. Atinado epilogo para el nuevo triunfo del Capital
nacional y transnacional sobre el Gobierno de El Salvador, que fue logrado
gracias a la aprobación de un decreto legislativo que suspendió el cobro de la
tarifa de $18 en concepto de revisión de mercancías en las aduanas terrestres y
que había entrado en vigencia apenas una semana antes.
El acuerdo de suspensión fue alcanzado por
unanimidad en el Congreso a solicitud del propio Ministro de Hacienda. La
decisión del gobierno se tomó luego de reconocer su incapacidad de
insistir en el cobro de dicha tarifa ante los efectos económicos, sociales y
políticos ocasionados por la protesta de los grandes empresarios del transporte
de carga, quienes mantuvieron bloqueadas las aduanas durante una semana, con el
apoyo unánime de las asociaciones empresariales aglutinadas en la ANEP (ASI,
Cámara de Comercio, COEXPORT, CAMTEX, CAMAGRO, ASTIC, ASETCA) y del partido
ARENA.
La lucha desarrollada en esta ocasión por el
sector empresarial se realizó mediante una estrategia de presión que
desabasteció a los mercados populares y generó problemas de movilización a
miles de personas. Sin embargo, ningún medio de comunicación, editorialista o
columnista, se atrevió a señalar esta acción como ilegal o inmoral. Se trató de
una demostración de fuerza que tampoco justificó por parte del gobierno el uso
de medidas “persuasivas” por parte de la UMO (Unidad de Mantenimiento del
Orden), tal como suele ocurrir cuando son las organizaciones populares y/o las
comunidades las que intentan tomarse calles o edificios en defensa de sus
intereses y demandas.
Las gremiales empresariales actuaron de forma
organizada, coordinada y disciplinada. Hicieron uso de todos los medios a su
alcance para crear en la opinión pública la idea que la suspensión del cobro
era un tema de interés nacional y que mantenerlo era una muestra más de la
incompetencia gubernamental. El gobierno quedó aislado en la defensa de esta
medida, y finalmente, como suele ocurrir en el tema económico, no tuvo más
remedio que ceder y retroceder. Mientras tanto, el servicio de revisión de
mercaderías por medio de scanner continuará realizándose en las fronteras, pero
no serán las empresas las que tengan que pagar por ese servicio. Será el
Ministerio de Hacienda quien deberá echar mano de fondos públicos
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