PDDH, el Centro de Rehabilitación de Ciegos y la Secretaría de Juventud han despedido a tres personas con discapacidad. El Estado no tiene un censo confiable de personas con discapacidad, tal como lo señaló el relator especial sobre discapacidad de la ONU, Shybe Chalklen
Textos y fotos: Jorge Beltrán Luna Twitter: @Beltranlunaj
Sábado, 14 de Diciembre de 2013
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Estado salvadoreño viola los derechos de las personas con discapacidad. A
esa conclusión llegan representantes de asociaciones de personas con
discapacidad al conocer el caso de Alexander Kellman Rodríguez, un abogado con
discapacidad visual. Hasta enero de este año, él era el jefe de la Oficina de
Atención a las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos
(PDDH), puesto que ganó en un concurso, pero fue despedido.
Tras dos años al frente de la referida oficina, lo hicieron firmar un
contrato por solo un mes y luego lo echaron. La persona que sustituyó a Kellman
Rodríguez y a otras dos que forman la oficina, no tienen ninguna discapacidad.
Como si eso no fuera suficiente, la misma PDDH tiene solamente empleadas a
cuatro personas con discapacidad entre los 443 empleados que forman su planilla.
Esto contradice lo que manda el artículo 24 de la Ley de Equiparación de
Oportunidades para las personas con discapacidad. Según este artículo, tanto la
empresa privada como las instituciones gubernamentales deben emplear a por lo
menos una persona con discapacidad por cada 25 contratadas. La PDDH, que debería
dar "el ejemplo", no cumple ni con la tercera parte.
Pero esas solo son dos muestras de cómo ni el mismo Estado cumple lo que
manda la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con
discapacidad de la cual es firmante, aunque con reservas.
No obstante, en su discurso del pasado 3 de diciembre, Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, el actual procurador de Derechos Humanos, David
Morales, hizo un llamado al Estado y a las instituciones a sumarse a los
esfuerzos en favor de los derechos de las personas con discapacidad y a adoptar
políticas integrales de inclusión para ese sector poblacional.
No obstante esa petición, la misma PDDH no ha sido clara en las
circunstancias bajo las cuales despidió a Kellman Rodríguez. Incluso la misma
Comisión Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (Conaipd) no tiene
claro qué pasó con él. Según su directora, Lourdes Barrera de Morales,
oficialmente la PDDH no ha informado sobre ese caso. Y debería haberlo hecho, a
pesar de que ya han transcurrido 10 meses.
De acuerdo con Kellman Rodríguez, su despido pudo deberse a que siempre se
fijó como meta trabajar en favor de las personas con discapacidad, lo cual
implicó incluso criticar a la misma PDDH por lo inaccesible que es el edificio
donde funciona, a tal punto que ni siquiera los baños son adecuados para
personas con discapacidad física.
Kellman Rodríguez comenzó a exigir que se contrataran a tiempo completo
traductores de lenguaje de señas para que las personas sordas pudieran ser
asistidas al momento de poner sus denuncias o en los tribunales de justicia.
Además, criticó que en la PDDH se compraran vehículos o computadoras, pero a
20 años de existencia de esa institución, no hay ninguna impresora braille para
que las personas ciegas pueda obtener una copia de sus denuncias y saber qué
realmente es lo que están firmando.
La falta de interpretes de señas e impresoras braille, cuyo costo podría
rondar los seis mil dólares, según Kellman Rodríguez, podría ser uno de los
factores por los que pocas personas con discapacidad acuden a la PDDH para
denunciar las violaciones a sus derechos.
Para Nelson Barahona, tesorero de la Asociación Nacional de Ciegos de El
Salvador (Anciesal), lo que la PDDH hizo con Kellman Rodríguez es el colmo de
los colmos; pues lo despidieron, le quitaron el trabajo a una persona con
discapacidad, para dárselo a otra que no tiene ninguna discapacidad.
Barahona asegura que Anciesal mandó una carta a la PDDH en la que expresaba
su desacuerdo con el despido, además pedían una explicación sobre lo ocurrido.
Hasta la semana anterior, no habían recibido una respuesta oficial.
Por su parte, Julio Canizález, de la Asociación de Ciegos de El Salvador
(Asces) y director de la Casa de la Cultura del Ciego, asegura que en El
Salvador, defender los derechos de las personas con discapacidad es muy
complicado, porque ni el Estado mismo cumple con la Convención Internacional
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) firmada en 2007.
Canizález asegura que el Estado salvadoreño y la sociedad en general parecen
desconocer lo que significa para una persona con discapacidad que haya o no
accesibilidad. Además afirman que instituciones como el Conaipd "no tienen el
presupuesto adecuado" para vigilar o diseñar políticas en beneficio de las
personas con discapacidad.
Para Canizález, quien también es vicepresidente de la Unión Latinoamericana
de Ciegos (Ulac), es la falta de voluntad política la que impide que se asigne
el presupuesto necesario para instituciones y organizaciones que velan por los
derechos de las personas con discapacidad para que tengan acceso a educación,
salud y empleo, pero también hace falta conciencia en los funcionarios públicos
de que las personas con discapacidad no son incapaces.
Tener una discapacidad no es sinónimo de incapacidad, afirma Canizález, quien
lamenta que el Estado mismo viole los derechos de personas como Kellman
Rodríguez o Walter Portillo, quien en octubre de 2012 fue sustituido de la
dirección del Centro de Rehabilitación de Ciegos, Eugenia de Dueñas, por
supuesta orden de las autoridades del Instituto de Rehabilitación Integral
(ISRI) quienes pusieron en su lugar a una persona sin discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen un lema: "Nada por nosotros sin
nosotros". Pero es evidente que en el caso de la PDDH y el Centro de
Rehabilitación de Ciegos, el Estado no solamente ha hecho caso omiso de eso,
sino que también ha violado los derechos de estos ciudadanos.
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