El Diario de Hoy Domingo,
10 de Julio de 2011
A un año de aprobada, las esperanzas de los ciudadanos sobre la efectividad que podía tener la ley antipandillas para contrarrestar a estos grupos criminales parecen haberse esfumado.
Después que un grupo de mareros incendiara un microbús de la Ruta 47 con más de 30 personas en su interior en Mejicanos, el 20 de junio de 2010, las autoridades de Seguridad Pública propusieron una ley antipandillas como la principal apuesta para frenar a esos grupos que se dedican al asesinato, extorsiones, secuestros y narcotráfico.
Ha pasado un año desde aquella trágica noche y la violencia generada por las pandillas sigue imparable con más de una veintena de masacres sólo durante este año y el aumento del hallazgo de cuerpos desmembrados a las orillas de las carreteras.
Tampoco la aplicación del artículo 345, reformado, que penaliza la pertenencia a las pandillas, ha arrojado los resultados esperados porque los índices de la violencia se han mantenido en niveles altos en los últimos dos años superando la fatídica cifra de los 4 mil asesinatos.
Según autoridades militares, las maras son causantes de un 80% de los homicidios en el país.
El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, uno de los autores de la ley, sostuvo que 119 sujetos han sido acusados ante los tribunales de justicia de pertenecer a las pandillas. Agregó que 98 siguen detenidos y están a la espera de juicio.
"Eso quiere decir la efectividad de la aplicación de la ley, porque los casos van bien investigados, fortalecidos y que la Fiscalía junto a la Policía han desarrollado una labor positiva", expresó Campos.
El funcionario aseguró que la referida normativa por sí sola no va a frenar el auge de las pandillas sino que se debe de impulsar una estrategia integral que incluya medidas preventivas de rehabilitación y de reinserción.
"La reducción de los hechos de las pandillas depende de muchos factores como la acción en el terreno, de la efectividad de las aciones de prevención, de la reinserción que se pueda lograr, del apoyo que se le dé a las víctimas", explicó Campos.
Sin embargo, el promedio de homicidios sigue siendo de 12 por día y las extorsiones que generalmente cometen las pandillas no cesan aunque las autoridades de Seguridad Pública argumenten que han disminuido en un 30 por ciento, sin dar números exactos.
Fuentes policiales explicaron que lo más seguro es que la cifra negra de las extorsiones haya aumentado a raíz de que un buen número de personas, quienes son extorsionadas, prefieren no denunciar por temor a represalias y por la falta de confianza en las autoridades de seguridad.
Con el desplazamiento de las pandillas ante la presión que ejerce la Fuerza Armada en los lugares que anteriormente eran asediados por esos grupos criminales, la violencia rebrotó en otros municipios que hasta el año pasado eran considerados relativamente tranquilos.
Poblaciones como Cuscatancingo, Izalco, Santa Tecla, Ayutuxtepeque, Panchimalco, Guazapa y Acajutla ahora aparecen en el "ranking" de los 20 municipios más peligrosos del país a raíz de la llegada de pandilleros.
Justifican ley
Otro de los funcionarios de Seguridad que también argumentan que sólo la ley antipandillas no va lograr frenar el avance de las pandillas es el subdirector de Investigaciones de la Policía, Howard Cotto.
El funcionario sostiene que "ninguna ley por sí sola resuelve el problema de la delincuencia y la violencia, la ley de proscripción es un instrumento más, y consideramos que no es nada despreciable que hasta esta fecha haya casi 300 pandilleros detenidos y procesados por esa ley", subrayó Cotto.
También el Fiscal General, Romeo Barahona, justificó que los casos que se han investigado han llevado su tiempo porque se trata de recabar la mayor cantidad de evidencias para demostrarle a los jueces que una persona pertenece a una pandilla.
"No sólo se trata de la aplicación de una ley sino que se involucran una serie de estrategias como la prevención, la movilización de estructuras que se han mutado del territorio donde antes delinquían hacia otros lugares y es ahí es donde tenemos que orientar nuestras estrategias de investigación y de persecución del delito", indicó Barahona.
Contrario a lo que sucedió con la primera ley antimaras en el 2003, con esta nueva norma los jueces han admitido las evidencias que la Fiscalía les ha presentado y enviados a prisión a los acusados.
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