Uno de los problemas de estos esfuerzos es que mientras hay fondos financieros exiten, cuando se terminan los fondos desaparece el esfuerzo o espacio, falta de conciencia y esfuerzo voluntario por erradicar la violencia.
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Por Luis Enrique Amaya
Publicado el 21 de Febrero de 2011
Si algo bueno ha traído consigo la crisis delictiva que vive el país es la estimulación de estudios e iniciativas de abordaje respecto de la criminalidad. Como consecuencia, ahora se reflexiona con mayor frecuencia y finura, por ejemplo, qué aporta el Estado y qué aporta el resto de la sociedad a la solución de la problemática delincuencial. Se perciben avances en el análisis técnico del crimen, y se registran experiencias que exhiben un uso sistemático de la evidencia empírica y la lógica procesual para tratar este fenómeno, tanto desde la óptica nacional como local, e impulsadas por igual por el Gobierno y por la sociedad civil. Esto es un signo alentador.
Más personas advierten, entre otras cosas, la importancia que tiene contar con información veraz y actualizada como prerrequisito para emprender cualquier acción, pública o privada, en materia de seguridad ciudadana, reconociendo que sin ella es imposible actuar con precisión y eficacia. La información representa la savia de la inteligencia, y es la que provee de los insumos necesarios para la toma de decisiones estratégicas y operativas, en el plano preventivo y represivo.
En este contexto, en los últimos años ha proliferado la aparición de observatorios de violencia y delincuencia. Se estima que, a la fecha, existen alrededor de 37 observatorios municipales, además de unos cuantos observatorios departamentales y alguno regional (como el Observatorio Metropolitano, que aglutina a las 14 municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador). Y por si eso no bastara, se encuentra en proceso de consolidación el Observatorio Nacional de la Violencia y Delincuencia (OBNAVID), el cual dependerá del Gobierno Central.
En medio de este florecimiento del interés por dar seguimiento al comportamiento de la violencia y la delincuencia caen por su peso preguntas tales como: ¿Para qué sirven estos observatorios? ¿Qué utilidad tiene estar recogiendo, procesando y analizando información sobre violencia y delincuencia? ¿Cómo se puede potenciar el valor práctico de este ejercicio de inteligencia?
Desde un punto de vista teórico, el ciclo clásico de la inteligencia consta de cinco pasos: 1) Identificación de alguna necesidad de información; 2) Obtención de información; 3) Procesamiento de la información; 4) Distribución de informes, y 5) Toma de decisiones. Esto quiere decir que, de acuerdo al esquema clásico, la finalidad última de la gestión de información es que esta sea empleada por quienes toman decisiones.
Desde una perspectiva amplia, la actividad de los observatorios –sin importar el tema– sigue la misma lógica de las actividades económicas, las cuales abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Cada una de estas fases tiene sus propios objetivos y métodos, así como sus problemas y desafíos específicos.
Para producir información delictiva se pueden seguir dos vías: 1) Solicitar cifras oficiales a las instituciones que se encargan de captar y almacenar datos, y 2) Generar cifras propias con base en métodos y técnicas de investigación social. Para distribuir información delictiva es posible elegir tres caminos: 1) Repartir la información al interior de las instituciones que tienen sus observatorios; 2) Trasladar la información hacia fuera por medio de grandes eventos sociales y publicaciones de gran formato, y 3) Llevar la información hacia fuera a través de pequeñas reuniones con comunidades, barrios y cantones. Y para consumir información delictiva se tienen tres opciones: 1) Utilizarla para diseñar políticas y programas gubernamentales; 2) Emplearla para elaborar iniciativas de intervención ciudadana, y 3) Usarla para fiscalizar la calidad de las políticas y programas gubernamentales que se implementen, al igual que las iniciativas ciudadanas que se desarrollen.
Por lo pronto, en general, los observatorios se han dedicado principalmente a monitorear o producir información de dos tipos: incidencia delictiva y presencia de factores de riesgo delictivo (lo cual se hace de forma aceptable). Y típicamente sirven para suministrar o distribuir insumos a los tomadores de decisión, entendiendo por esto, al menos de momento, a los gobernadores departamentales y a los alcaldes municipales. Estos son quienes suelen consumir la información de los observatorios, con el propósito de elaborar sus políticas y programas.
En muy pocos casos la información también se ha distribuido por medio de publicaciones de gran formato, en ediciones “full color”. Y en una cantidad aún menor la distribución se ha realizado a través de pequeñas reuniones con los “ciudadanos de a pie”, en sus comunidades, barrios y cantones.
De ese modo, la información de los observatorios ha tenido una distribución reducida, lo que consecuentemente ha dado paso a un consumo limitado de la misma, minimizando las posibilidades, sobre todo ciudadanas, para hacer uso de ella. En otras palabras, al distribuir la información especialmente entre gobernadores y alcaldes (lo cual es necesario pero insuficiente), se han restringido las potencialidades de estos esfuerzos de inteligencia.
Acá está el punto clave para potenciar el trabajo de los observatorios: hay que comprender que no sólo las autoridades políticas toman decisiones en el marco de la seguridad ciudadana, sino que también lo hace la ciudadanía.
La participación ciudadana es esencial para afrontar la problemática delincuencial, siempre que esta suceda en un plano estrictamente preventivo y en el marco de la ley, de conformidad con una visión de corresponsabilidad de la seguridad ciudadana. Esa participación de la ciudadanía sería espoleada y perfeccionada si con regularidad se le trasladara información que pueda consumir, empleándola para activar procesos sociales con sus propios recursos, con miras a auto-protegerse de la violencia y la delincuencia.
Para ello, la información que se distribuya debería estar desagregada por cada comunidad, barrio o cantón al que se lleve, puesto que es así como puede ser usada con facilidad. A esa escala geográfica de distribución, casi no sirve conocer los datos nacionales, por ejemplo, ya que hablan poco de las realidades más inmediatas, y menos decisiones locales y directas se pueden tomar con ellos.
Cuando los observatorios de violencia y delincuencia amplíen sus mecanismos de distribución y, por tanto, sean más numerosos los actores que consumen la información que producen, con seguridad verán cómo se masifica el uso de la inteligencia en la seguridad ciudadana, refinando y afianzando la utilidad de sus esfuerzos. Ese es el para qué de los observatorios de violencia.
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