La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, convencida que nuestro país vive un auge delincuencial, que genera un alto grado de inseguridad y temor en gran parte de la población, señalamos algunas de las lecciones que nos dejan las políticas que se han empleado para enfrentar esta situación:
Las medidas represivas y de mano dura, privilegiadas como única forma de enfrentar la delincuencia, han generado en los últimos años en el país, efectos adversos y contraproducentes.
Planes Mano Dura y Leyes Antimaras.
En el año 2003, el entonces presidente de la República, Francisco Flores, ordenó el despliegue del operativo policial denominado Plan Mano Dura, a cargo de efectivos de la Policía Nacional Civil -PNC- y de la Fuerza Armada, con el fin de reducir la delincuencia mediante la desarticulación y captura de miembros de todas las pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales. De inmediato se inicio un largo proceso de detención masiva en lugares populosos de San Salvador, de jóvenes pertenecientes o que aparentaban pertenecer a las pandillas juveniles.
Simultáneamente el entonces Presidente remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley Antimaras”, en el cual generó una fuerte polémica social y legislativa, logrando finalmente su aprobación con vigencia de seis meses (10 de octubre de 2003- a 10 de abril de 2004). Como parte del debate sobre dicha ley, fueron interpuestas varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió sentencia declarándola totalmente inconstitucional, el día 1 de abril de 2004.
Sobre el resultado de dicho plan, cabe señalar que del 23 de julio de 2003 al 30 de agosto de 2004, la Policía Nacional Civil había reportado la captura de 19,275 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales 17,540 equivalentes al 91% fueron liberadas casi inmediatamente. Entre ellas 16,191 que representaron el 84%, fueron sobreseídas (absueltas) de forma definitiva por no existir motivo alguno para su detención; 1,349 fueron sobreseídas provisionalmente ya que, pese a que les atribuían algún delito, no existían pruebas sufrientes. Otras 771 (4%) personas estaban bajo detención administrativa pendientes de audiencia judicial y solamente el 5% de las personas capturas (964) fueron detenidas judicialmente de forma provisional.
Prolongar el tiempo de encarcelamiento.
El 30 de agosto de 2004 el nuevo presidente de la República, Antonio Saca, anunció que continuaría con la lucha antimaras de su predecesor e impulsó un plan denominado “Súper Mano Dura”, un plan mucho más agresivo y violento contra las maras y pandillas, con lo que intentaría extinguir a los pandilleros; la prevención y la rehabilitación están ausentes. A la par de este anuncio la Asamblea Legislativa aprobaba reformas a la Ley Penal, aumentando la pena hasta 75 años.
A pesar de ello, el país experimentó un incremento de los homicidios y asesinatos que mostró una tendencia ascendente de homicidios así: en el 2002, fueron asesinadas 2,024 personas; en el 2003: 2,388; 2004: 2,933; 2005: 3,812; 2006: 3,928 2007: 3,497; 2008: 3,179; 2009: 4,367; 2010: 535 entre el primero de enero al nueve de febrero.
El promedio diario de seis homicidios que se mantuvo hasta el 2002, se elevó entre 12 y 14 en los últimos años, en un contexto en que se ha creado y puesto en marcha planes, unidades especiales, creación de leyes especiales, reformas a leyes penales aumentando la pena; para el combate de la delincuencia. Situación que provoca elevados costos humanos, económicos, sociales y políticos; y confirma nuestra posición, sostenida en anteriores pronunciamientos, de que la sola implementación de medidas punitivas sólo genera resultados contrarios.
Las medidas de mano dura y súper mano dura evidenciaron la inexistencia de una política criminal coherente con el marco constitucional y que respondiera al anhelo de tranquilidad y seguridad de la población salvadoreña. Estos planes brindaron falsas expectativas sobre la solución del problema delincuencial, ignorando la criminalidad enquistada en las propias estructuras gubernamentales.
Involucrar a la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública.
En los últimos años, los gobiernos han tomado la decisión de que la Fuerza Armada salga a realizar funciones de Seguridad Pública en todo el territorio nacional; FESPAD ha señalado reiteradamente que sacar al ejército a las calles transgrede nuestra Constitución. La entidad responsable de la Seguridad Pública es la Policía Nacional Civil; las condiciones para que opere la excepción del inciso 12 del artículo 168 de la Constitución no están dadas; pero lo más importante es que no se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la seguridad pública en nuestro país.
Por otra parte la Fuerza Armada no está preparada para hacer seguridad pública; la carrera policial demanda capacidades y destrezas diferentes, pero también una filosofía y una mística, que distancia a una institución de la otra. Es preocupante el grave retroceso autoritario que en materia de seguridad pública significa la utilización del ejército en funciones que le corresponden a la PNC, que en la práctica afectará no solo a los miembros de pandillas, sino a toda persona que, según un policía o un soldado, tenga aspecto de pandillero.
Finalmente, se violenta el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, constituyéndose esta medida en un grave retroceso autoritario en materia de Seguridad Pública.
Además, con la salida de la Fuerza Armada no se han reducido los índices de violencia y criminalidad; por el contrario, se ha generado más violencia al incrementar el odio y la intolerancia hacia jóvenes de pandillas y estimular la estigmatización de todo joven en situación de pobreza, como generador de violencia; y se continúan dejando impunes los crímenes que efectivamente cometen algunos miembros de agrupaciones delictivas que conforman la criminalidad organizada.
Continuidad de políticas represivas.
Más represión y mano dura.
A pesar que los primeros seis meses del actual gabinete de Seguridad Pública se había caracterizado por enfocar su política hacia la prevención del crimen con participación de la ciudadanía, buscando trascender de las erróneas políticas de mano dura de las gestiones gubernamentales anteriores, el presidente Mauricio Funes decretó en el mes de noviembre de 2009, la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, amparándose en el Art. 168, No. 12 de la Constitución, que faculta al Presidente para usar el ejercicio en tareas de seguridad pública en forma excepcional y temporal.
Hasta la fecha, a pesar del aumento de la intervención de la FAES en el ámbito de seguridad pública, mediante los denominados Grupos de Tarea Conjunta con la PNC, ahora con funciones ampliadas para el ejército, no se ha logrado obtener los resultados esperados en la reducción de los índices de homicidios y la comisión de delitos; por el contrario, en lo que va del 2010, el contexto parece agravarse, solamente entre el primero de enero al nueve de febrero del presente año, la Policía Nacional Civil reporto un total de 535 homicidios, es decir, 37 asesinatos mas que los reportados en el mismo período del 2009.
Asimismo se han denunciado por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH-, una serie de hechos de violación a derechos humanos, especialmente de jóvenes por parte del ejército.
Aumento de penas a jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil.
Otra medida orientada a enfrentar la ola de violencia que vive el país, es la reciente reforma a la Ley Penal Juvenil, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa que decidieron aumentar la pena máxima de siete a quince años a los jóvenes en conflicto con dicha ley, que hubieren cumplido 16 años al momento de la comisión del delito.
Políticamente, la reforma ésta orientada a generar la percepción ciudadana de que se esta actuando contra las maras o pandillas juveniles, una reacción coherente a la percepción que se ha logrado generar en la población, de que la criminalidad empieza y termina con las pandillas; obviando otra vez, el verdadero problema, que se llama crimen organizado y la falta de voluntad para enfrentarlo, grupos que actúan con procedimientos y rasgos típicos de los que fueron conocidos como “sombra negra”.
En consecuencia, nos pronunciamos a favor de la lucha contra toda forma de criminalidad; pero esto supone, tomar medidas inteligentes, concertadas y a adecuadas al grave momento que vive El Salvador. El punto de partida debe ser, no volver sobre los mismos errores que se han venido cometiendo en los últimos años.
Por lo antes expuesto, SOLICITAMOS:
Al Organo Ejecutivo:
No continuar aplicando e impulsado medidas y reformas represivas que atenten principalmente contra los derechos de niños; niñas y jóvenes.
Vetar la reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada por la Asamblea Legislativa.
Coordinar una política de prevención de la delincuencia juvenil y la reinserción de las y los jóvenes en conflicto con la ley, tal como lo establece el Art. 127 de la Ley Penal Juvenil; complementando con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing y la Directrices de la Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil o Directrices de RIAD.
Limitar la participación de la Fuerza Armada en el marco de sus competencias de seguridad nacional e investigar los abusos denunciados en materia de derechos humanos.
A la Policía Nacional Civil:
Evitar las redadas y capturas de forma arbitraria.
A la Asamblea Legislativa:
Abstenerse de aprobar reformas de ley, sin antes haber sido discutida en un foro amplio en el que se involucren todas las entidades del sector justicia y organizaciones de la sociedad civil, que permita evaluar de manera responsable sus impactos positivos y negativos.
Aprobar sin más dilación la Ley de Escuchas Telefónicas y una Ley que regule a nivel nacional el uso de armas de fuego.
Al Ministerio Publico:
A la Fiscalía General de la República, cumplir con su obligación de investigar la comisión de delitos y hacer valer su rol de garantes de la legalidad y la constitucionalidad.
Al sector justicia:
Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con total apego a los mandatos constitucionales. Motivamos a los jueces y juezas a seguir respetando el debido proceso y las garantías que le asisten a todo ciudadano, independientemente de su condición social.
Procurar la racionalización del uso de la cárcel y contribuir a superar su actual estado de crisis.
A los medios de comunicación:
Exhortamos a reflexionar sobre su papel, a fin que contribuyan a una comprensión verdadera y objetiva del fenómeno de la violencia desdes sus causas y no sólo desde sus efectos.
Que tengan una visión integral del fenómeno de la violencia y criminalidad en cuanto a quiénes son los que delinquen, quiénes son los entes responsables del combate de delito y cuáles son los procesos que permiten un abordaje coherente del fenómeno: la represión, pero también la prevención y la reinserción económica y social.
San Salvador, 18 de febrero 2010
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